SANTO DOMINGO.-El Ministerio Público desarrolla este miércoles, junto a la Dirección Nacional de Control de Drogas, la denominada Operación Larva, para desmantelar una amplia red de lavado de activos vinculada a una organización criminal a la que se le arrestaron 16 personas, al traer desde Colombia, en marzo del año pasado, una embarcación con 700 paquetes de cocaína clorhidratada.
La Operación Larva forma parte de la nueva estrategia que desarrolla el Ministerio Público encabezado por la procuradora general Miriam Germán Brito y la gestión de la DNCD que dirige el vicealmirante José M. Cabrera Ulloa contra el crimen organizado, la cual se enfoca en desarticular las redes dedicadas al narcotráfico, sin dejar de poner especial énfasis en las estructuras financieras que sustentan las actividades del lavado de activos.
La operación puesta en marcha este miércoles por las autoridades tiene entre sus objetivos el arresto de varias personas de la organización criminal, para lo cual se realizan allanamientos en el Distrito Nacional, Santo Domingo (Este y Oeste), San Cristóbal y Punta Cana.
Los fiscales buscan evidencias relacionadas con el lavado de activos, así como a otros delitos.
El Ministerio Público explicó que el 16 de marzo de 2020 las autoridades apresaron en flagrante delito a 11 personas, al interceptar una embarcación en la costa de Nigua, San Cristóbal, que provenía desde Colombia y que tenía a bordo 700 paquetes de cocaína clorhidratada. Luego las autoridades arrestaron a otras cinco personas vinculadas a la red criminal que movía la droga.
La investigación arroja que el 28 de agosto de 2019, las autoridades arrestaron en el Distrito Nacional a dos personas al interceptar dos vehículos, incluyendo una yipeta que tenía un compartimiento secreto en el interior, en el que se encontró un fusil, una pistola y dos teléfonos satelitales. En el operativo se ocuparon 20,000 dólares en la vivienda de donde salieron los arrestados.
Las autoridades tienen identificados a varios integrantes de la poderosa organización del crimen organizado, ligada directamente con el lavado de activos, el narcotráfico y porte y tenencia ilegal de armas de fuego.
En la operación que coordina la Dirección General de Persecución, trabajan la Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos y Financiamiento de Terrorismo, la Fiscalía de San Cristóbal, el Centro de Información y Coordinación Conjuntas de la DNCD y la Dirección de Inteligencia Financiera del organismo antinarcóticos.
