Casi seis años después de que estallara en Haití una epidemia de cólera que ha costado la vida al menos a 10.000 personas y afectado a más de 800.0000 y que diversos estudios han comprobado que se originó en un campamento de cascos azules de Naciones Unidas, el organismo internacional por primera vez asume que jugó un papel en la reaparición de la enfermedad en el país, que había estado libre de cólera durante un siglo.
Esa admisión está lejos de ser una asunción de responsabilidad y la ONU sigue de momento alegando inmunidad para protegerse de demandas que se han presentado en su contra en los tribunales, pero representa un giro significativo respecto a la postura oficial de negación de responsabilidades que había dominado hasta ahora.
La admisión de la ONU ha llegado en la forma de un comunicado de Farhan Haq, uno de los portavoces del secretario general, Ban Ki-moon, en el que ha dicho que “en el año pasado la ONU se ha convencido de que necesita hacer mucho más respecto a su propia implicación en el brote inicial y el sufrimiento de los afectados por el cólera”. Y no se produce de forma casual: coincide con la filtración del borrador de un informe confidencial que ha preparado para Ban Ki-moon uno de sus asesores independientes en derechos humanos, y que ha dado a conocer The New York Times.
Ese informe elaborado por Philip Alston, profesor de Derecho en la New York University, y que Ban recibió el 8 de agosto, es contundente y demoledor. Asegura que la epidemia, que se detectó por primera vez en octubre de 2010 y cuyo origen se identificó en un campamento de cascos azules de Nepal desplazados al país caribeño tras el terremoto, “no habría estallado si no hubiera sido por las acciones de Naciones Unidas”.
“MORALMENTE INADMISIBLE”
Alston es muy duro con el organismo. Acusa a la ONU de haber mantenido en el caso una política “moralmente inadmisible, legalmente indefendible y políticamente autodestructiva” y afirma que al haber persistido en la negación de responsabilidad y la negativa a reparar a las víctimas la ONU está “manteniendo un doble rasero en el que insiste en que los estados miembros respeten los derechos humanos a la vez que se exime de esa responsabilidad para sí misma”.
Alston dice también que lo ocurrido da “combustible a los que alegan que las operaciones de paz de la ONU pisotean los derechos de quienes deben proteger y mina tanto la credibilidad de la ONU como la integridad de la oficina del secretario general”. Y es especialmente duro con el departamento legal del organismo, al que directamente acusa de “haberse saltado el estado de derecho”.
Su documento es de momento un borrador y la versión final no se conocerá probablemente hasta el mes que viene, cuando se presentará el texto definitivo en el marco de la Asamblea General, la última para Ban Ki-moon como secretario general de la ONU. Y Haq ha adelantado que será en los próximos dos meses cuando se presentará públicamente “una nueva respuesta”, “acordada con las autoridades haitianas y discutida con los estados miembros”.
