SANTO DOMINGO. El abogado y profesor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), Yuniol Ramírez Ferreras, había sometido un recurso de amparo contra la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA) porque no le suministraron informaciones de cinco empresas favorecidas en los últimos dos años con más de 800 órdenes de reparaciones.
Manuel Rivas, exdirector de la OMSA, fue notificado para comparecer el 28 de septiembre a la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo (TSA) por no suministrarle las certificaciones que establezcan si las unidades reconstruidas por las compañías Grupo Martisdom, Tech Solution, Venditio Line & Asociados, Josafap Inversiones y Soluciones Thiaubaa desde enero del 2012 hasta el 4 de julio del 2017, se encuentran en servicio.
Y por no decir, en caso positivo, a cuál o cuáles módulos están asignadas, así como las copias de los contratos suscritos con Eddy Santana y Lillian Suárez en su respectiva calidad de suplidores, junto a las copias de la cotización de reconstrucción de unidades que justifiquen el costo cobrado por dichos suplidores.
De acuerdo con las órdenes de compras del 2015 y 2016, la OMSA autorizó 348 veces a Josafap la reparación de piezas y vehículos, 21 a Thiaubaa, 23 autorizaciones para Venditio Line, 88 en favor de Tech Solution y 11 a Martisdom, estas dos últimas propiedad de Santana Zorrilla, quien admitió haber entregado un millón de pesos como adelanto al abogado Ramírez Ferreras para retirar el amparo en el TSA.
Otras empresas de las cuales Yuniol Ramírez pidió información a través del departamento de Libre Acceso a la Información de la OMSA son Grupo Eléctrico Herrera, que obtuvo entre 2015 y 2016, 174 autorizaciones de reparación, y Negocios Polanco & Fernández, que tuvo 113.
Aunque la instancia del profesor universitario no hace referencia a Rafael Arturo Vásquez, en las órdenes de compra de los referidos períodos se evidencia que 354 órdenes se aprobaron para dicha persona.
El 19 de junio de este año, mediante acto de aguacil número 346/2017, la Convergencia Nacional de Abogados (CONA), representada por quien luego fue raptado el 11 de octubre en la UASD y luego asesinado, solicitó las órdenes de servicios en favor de Grupo Martisdom, Tech Solution, Venditio Line & Asociados, Josafap Inversiones y Soluciones Thiaubaa, así como la relación de pagos con copias de los cheques o transferencias, la relación de las unidades reconstruidas y la relación de las órdenes de servicios desde enero del 2012 hasta la referida fecha.
El 4 de julio, mediante acto No. 387/2017, solicitó certificación que estableciera si las unidades estaban en servicio y lugar en donde se encontraban. El 12 de septiembre reiteró la solicitud de información.
Según la solicitud de medida de coerción, Eddy Santana recibió instrucciones de Rivas Medina para pagar RD$4.0 millones a Ramírez Ferreras, de los cuales llegó a entregarle uno en una estación de combustible de la avenida Rómulo Betancourt el 6 de octubre.
A ese encuentro, por instrucciones del coronel Rosario Díaz, fue en calidad de testigo, el prófugo Argenis Contreras González.
