La Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), de la Organización de Estados Americanos (OEA), apoyará las investigaciones de los asesinatos de la ambientalista Berta Cáceres, en marzo pasado, y del zar hondureño antidrogas, Julián Arístides González, en 2009.
Así lo dijo el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, en la ciudad de Gracias, occidente del país, informó hoy en un comunicado la Casa Presidencial en Tegucigalpa.
La MACCIH, que fue presentada en febrero en Tegucigalpa, comenzará a operar oficialmente la próxima semana, anunció Hernández, quien además señaló que el grupo de trabajo apoyará las investigaciones del Ministerio Público en los asesinatos de Berta Cáceres y de González, director de Lucha contra el Narcotráfico.
Los delegados de la MACCIH “vendrán para dos aspectos”, uno de ellos “supervisar el trabajo del Ministerio Público en cuanto a la investigación del caso del asesinato de la líder ambientalista Berta Cáceres”, añadió Hernández.
“Es importante la auditoría externa sobre los procedimientos que han hecho las autoridades hondureñas, para que se esclarezca qué fue lo que pasó ahí y hacer justicia”, añadió.
Cáceres, quien además era coordinadora general del Comité Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), fue asesinada en su casa, en la ciudad de La Esperanza, occidente de Honduras, el 3 de marzo pasado, sin que se conozca hasta ahora a los autores intelectuales y materiales del crimen.
“El otro punto en el que solicité la colaboración de la MACCIH es el de la depuración policial, en un principio con la investigación de la muerte del fiscal de Lucha contra el Narcotráfico, general Julián Arístides González”, indicó Hernández.
Según un informe difundido esta semana por el diario El Heraldo, González fue asesinado por miembros de la Policía Nacional tras un plan que fue fraguado por oficiales y mandos intermedios en el Cuartel General de Casamata, en Tegucigalpa.
Miembros de la Policía también asesinaron en 2011 al exasesor antidrogas Alfredo Landaverde en 2011 y al fiscal Orlan Chávez, en 2013, ambos crímenes en Tegucigalpa, según informes difundidos por el mismo diario hondureño.
A raíz de las últimas denuncias, el presidente Hernández envió al Parlamento una iniciativa de ley para declarar emergencia la depuración de la Policía Nacional, ante el fracaso de varios intentos orientados a sanear la institución, que desde hace muchos años ha sido denunciada por múltiples delitos y crímenes. La iniciativa fue aprobada por el Parlamento.
El viernes en Washington el secretario general de la OEA, Luis Almagro, pidió a Honduras que solicite la creación de un grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para “fortalecer la investigación” del asesinato de la activista Berta Cáceres.
Una petición en ese sentido han hecho familiares de Cáceres, el COPINH y organizaciones ambientalistas nacionales y extranjeras que no confían en la investigación del caso que hacen las autoridades hondureñas.
Almagro se reunió el viernes en Washington con el canciller hondureño, Arturo Corrales, para abordar el inicio de labores de la MACCIH en Tegucigalpa la próxima semana.
