La OEA inició el martes un crucial debate en la ciudad de Antigua Guatemala sobre nuevas estrategias para frenar la violencia desatada por el tráfico y consumo de cocaína en América, ante el fracaso de la guerra antidrogas impulsada por Washington por más de 40 años.
Al inaugurar el 43 periodo de sesiones de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), su secretario general, José Miguel Insulza, estimó “histórico” el diálogo porque “acaba con un tabú de numerosas décadas”.
“Hoy legitimamos ese debate, en forma transparente, con la convicción de que él puede abrir paso a acciones para reducir las tasas de criminalidad y violencia que azotan a muchos de nuestros países”, dijo en el acto, celebrado en una noche de lluvia, en una finca cafetalera de la colonial Antigua, 45 km al suroeste de la capital.
Insulza calificó el problema de las drogas como “uno de los desafíos más graves” que enfrentan actualmente las democracias en América, por lo que se requieren nuevas estrategias “con mayor eficiencia y mejores resultados” que la política antidrogas, basada en la represión a la producción y distribución.
“Aquí en Guatemala, hoy seremos testigos de la primera página de un nuevo capítulo en la historia de la agenda hemisférica en materia de drogas”, expresó el gobernante anfitrión Otto Pérez, en su discurso de apertura.
Bajo fuerte vigilancia de policías y militares, la asamblea reúne a 26 cancilleres y delegados de los 34 miembros activos de la OEA, con una alta delegación de Estados Unidos, encabezada por su secretario de Estado, John Kerry, quien sin embargo no acudió a la ceremonia de apertura.
“Esta Asamblea General está siendo seguida de cerca por el mundo entero por atreverse a debatir abiertamente sobre un cambio de paradigma que busca generar aportes sustantivos al debate global” sobre las drogas, agregó Pérez.
La Asamblea, que concluye el jueves, también tocaría la reforma de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a la que Caracas y sus aliados acusan de supeditarse a intereses estadounidenses, y temas de actualidad del continente como la crisis política de Venezuela.
El debate en la Asamblea se basará en un informe hecho por la OEA, por mandato de la Cumbre de las Américas de 2012 de Cartagena (Colombia), que acogió la idea de Pérez de buscar alternativas a la guerra antidrogas.
El estudio de la OEA esboza cuatro escenarios posibles e independientes frente al flagelo: el fortalecimiento de las instituciones y la seguridad, la despenalización de las drogas, la capacidad de reacción desde la comunidad y la ruptura de la cooperación entre países consumidores y de tránsito.
“Creo firmemente en la necesidad de analizar los resultados de las actuales políticas en materia de drogas en todo el continente americano, y explorar nuevos enfoques que nos permitan ser más efectivos”, indicó Pérez.
Aunque sin consenso, la despenalización gana terreno. La marihuana es legal para consumo recreativo en Colorado y Washington (Estados Unidos), en Uruguay se pretende legalizar y regular la distribución, y en países como Argentina y Brasil se avanzó en despenalizar el consumo personal.
Pero en su primera visita oficial a América Latina, Kerry reafirmará en reuniones el miércoles con cancilleres la estrategia de Estados Unidos, según su subsecretaria adjunta para la región, Roberta Jacobson, quien lo acompaña al igual que el subsecretario encargado de la lucha antinarcóticos, William Brownfield, y el zar antidrogas Gil Kerlikowske.
Antes de iniciar la asamblea, Kerry se reunió con Pérez. “Nadie quiere que nuestra relación se vea definida por la aplicación de la ley, la seguridad y los narcóticos”, le manifestó.
Pérez le señaló que la lucha conjunta contra el crimen organizado está fuera de todo cuestionamiento, pero que ambos países, como el resto de América Latina, debe plantearse alternativas.
Al menos 14 países están interesados en impulsar una nueva política, incluidos los de Centroamérica, Uruguay, Colombia y México, según el gobierno guatemalteco.
El informe de la OEA propone abordar el problema desde un enfoque de la salud pública frente a la seguridad, primando la prevención y el tratamiento.
“El problema de las drogas es un desafío a nuestras políticas de salud pública, insuficientes para enfrentar el drama de la drogadicción, lo cual permite que aún se trate a las personas que sufren de esa adicción como delincuentes y no como enfermos que deben ser objeto de atención especializada”, agregó Insulza.
Según la OEA, 45% de los consumidores de cocaína en el mundo, la mitad de los que consumen heroína y una cuarta parte de los que fuman marihuana, vive en América, segundo continente más violento del planeta, después de África.
Además las drogas mantienen un negocio ilícito -la ONU calcula en 85.000 millones de dólares la venta mundial de cocaína, 35.000 millones en Estados Unidos-, que altera economías, corrompe instituciones y deriva en atrocidades contra las personas.
“La guerra contra el narcotráfico no se ha abordado desde la política de derechos humanos”, afirmó el director ejecutivo de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, al abogar por la despenalización del consumo personal.
Grupos de la sociedad civil pidieron a la OEA convertir “los derechos humanos en el centro del debate.
La OEA inició el martes una crucial Asamblea General que debatirá en Guatemala estrategias para frenar la violencia desatada por el tráfico y consumo de cocaína en América, ante el fracaso de la guerra antidrogas impulsada por Estados Unidos por más de cuatro décadas.
Mapa de las rutas de la cocaína en el mundo, según ONUDC
