SANTO DOMINGO. “Ellos iniciaron un proyecto y montaron una planta a gas de 600 megas, buscaron financiamiento, equipos, lugares, todo… Cuando tienen todo montado no encuentran el gas, entonces hacen este estudio que costó diez millones de pesos, buscando gas en el mundo. Explican por qué no había gas en el mundo para el proyecto en ese momento y le presentan esto al presidente, el presidente le autoriza entonces que volteen el proyecto y lo hagan a carbón”. La cita es una transcripción que reprodujo el periódico 7dias.com.do el 19 de agosto de 2014, a la firma del periodista Panky Corcino, sobre unas declaraciones emitidas ese mismo día por el vicepresidente ejecutivo de la Corporación Dominicano de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), Rubén Jiménez Bichara, durante un almuerzo para hablar a la prensa del proceso de licitación de las plantas a carbón de Punta Catalina.
El texto de la transcripción sigue: “Cuando sale la licitación a cada participante le dio seis meses, ellos (Odebrecht y sus socios) tenían tres años trabajando en eso. Tenía financiamiento para cada tramo del proyecto con una salida de emergencia en adición”. El medio le atribuye a Bichara decir que con esa ventaja, “raro era” que perdieran el concurso.
El consorcio integrado por la Constructora Norberto Odebrecht, Ingeniería Estrella y Tecnimont, que ganó la licitación y ejecuta el proyecto de las plantas de Punta Catalina, habría tenido otras ventajas, sin mencionar los sobornos que admitió pagar a funcionarios en el país para allanar el camino en la ruta por conseguir contratos.
Dos de las empresas que participaron en la licitación, China Gezhouba Group Company Limited y el Consorcio IMPE, se quejaron en varias ocasiones y ante los tribunales, de que el Estado habría acogido a la empresa con la mayor propuesta económica, y con un monto que violaba el tope establecido por el Congreso Nacional.
De hecho, la Ley de Presupuesto General del Estado de 2014 estableció como monto máximo de contratación para la Construcción Planta de Generación Termoeléctrica en US$1,500 millones a ser concertados con la banca internacional.
El monto ofertado por Odebrecht y sus socios fue de US$2,040 millones; en tanto que los otros tres licitantes que hicieron oferta económica presentaron cifras inferiores al tope de la Ley de Presupuesto.
“Se entiende que todos los participantes debían tener precios menor al establecido” reiteró el Consorcio IMPE, para enfatizar sus alegatos ante el Tribunal Superior Administrativo (TSA).
En noviembre de 2013, otro de los participantes en la licitación de las plantas de Punta Catalina, Posco Engineering y Constructión CO. LTD, pidió a la Dirección General de Contrataciones Púbicas investigar y aclarar las relaciones entre la empresa Odebrecht y la firma Stanley Consultants, contratada por la CDEEE para ser asesora técnica de la licitación, debido a “un posible conflicto de intereses susceptible de afectar la igualdad de los oferentes”.
Alegó que la firma había tenido relaciones comerciales recientes con Odebrecht, y que, “curiosamente”, ese era el único consorcio que no fue descalificado en la primera fase de la licitación.
También el movimiento cívico Toy Jarto, demandó ante Contrataciones Públicas investigar los vínculos entre la asesora y Odebrecht. Para ello presentó un informe de MPR Associates, firma internacional que había sido contratada por Odebrecht para evaluar en 2012 (un año antes de las licitación) un proyecto de plantas a carbón que le había sido ofrecido en venta.
Parte del informe de MPR Associates que presentó Toy Jarto establece: “negociar por parte de Odebrecht un acuerdo de asociación con Stanley Consultants para apoyar el desarrollo de su propuesta para CDEEE y la estimación de costos del proyecto. Contactar a Stanley Consultants para determinar los costos requeridos para completar el diseño de la planta en base carbón ofrecida para la venta por Eastern Kentucky Power Cooporative”.
En su defensa ante Contrataciones Públicas, la CDEEE admite la evaluación MPR Associates , pero aclara que el único rol de Stanley Consultants en el proceso es que ellos fueron los diseñadores de la planta propiedad de Kentucky.
“En ese tenor, cabe destacar, que en la medida de que se trata de un planta disponible para la venta en el mercado, su evaluación y ponderación puede ser considerada por cualquier interesado, entre estos, todos los participantes de la licitación que fuere suspendida, por lo que resulta más que evidente y obvio que no existe vínculo de naturaleza alguna entre Stanley Consultants y Odebrecht.
El consorcio Odebrecht-Tecnimont-Estrella, a su vez, alegó que las denuncias y solicitudes de investigación en su contra carecían de elementos probatorios contundentes.
La Dirección de Contrataciones, que fusionó ambas instancias, consideró que “si bien es cierto que MPR Associates recomendó a Odebrecht ponerse en contacto con Stanley Consultants y negociar un acuerdo… no menos cierto es que no existe prueba de que dicho acuerdo haya sido formalizado”.
