Washington, 17 feb (EFE/Jairo Mejía).- La Casa Blanca decidió este martes plantar batalla legal a la decisión de un juez en Texas de bloquear las acciones ejecutivas del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, que permitirían regularizar temporalmente a cinco millones de inmigrantes indocumentados.
El juez federal del distrito sur de Texas Andrew Hanen emitió este lunes por la noche una suspensión temporal de la acciones ejecutivas de Obama por la demanda presentada por 26 estados contra la constitucionalidad de las medidas presidenciales en materia migratoria.
El portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest, aseguró hoy que el Departamento de Justicia apelará contra la decisión de Hanen, ya que las medidas son “coherentes” con leyes aprobadas por el Congreso y con decisiones de la Corte Suprema, que “han dejado claro que el Gobierno federal puede establecer prioridades en la aplicación de nuestras leyes de inmigración”.
La decisión de Hanen ha estado perfectamente coreografiada, ya que se conoció anoche, poco antes de que este miércoles comience el proceso de inscripción para obtener un alivio en los procesos de deportación.
Además, ha contado con una dosis de suerte y coincidencia, ya que debido a la nieve en Washington el Gobierno federal, incluido el Departamento de Justicia, se encuentra cerrado, al igual que el tribunal al que el Gobierno de Obama debería enviar su apelación, que se encuentra en Nueva Orleans, donde hoy se celebra el carnaval del Mardi Gras.
El equipo de Obama requiere premura, porque este miércoles comenzaba a entrar en vigor la primera parte de las acciones ejecutivas del presidente, la que permitía pedir una suspensión de los procesos de deportación a 230.000 jóvenes inmigrantes que han crecido y se han educado en EE.UU. durante tres años, la iniciativa de alivio migratorio conocida como Acción Diferida (DACA).
La sentencia del juez Hanen también afectaría al comienzo en mayo de una segunda fase que beneficiaría a los padres de ciudadanos estadounidenses o hijos con estatus permanente, bautizada como Acción Diferida para Responsabilidad de los Padres (DAPA).
El secretario de Seguridad Nacional (DHS), Jeh Johson, mostró hoy su total desacuerdo con la decisión del juez Hanen, pero aseguró que la respetarán y el DHS no aceptará las peticiones de la DACA que iban a comenzar a procesarse mañana.
Los apoyos y las críticas al bloqueo del juez Hanen no se han hecho esperar y se han dividido entre las opiniones favorables de los republicanos, y las esperanzas de revocar el fallo de los demócratas y las organizaciones hispanas.
La organización American Center for Law & Justice (ACLJ), que representa a 68 congresistas, entre ellos a los senadores republicanos por Texas Ted Cruz y John Cornyn, clamó “victoria” hoy tras conocerse el fallo.
“Esta decisión representa una importante victoria contra los excesos anticonstitucionales del presidente Obama”, aseguró el ACLJ.
En un comunicado por separado, el senador Cruz aseguró que la decisión judicial es un “punto de inflexión en la batalla para detener la amnistía fuera de la ley de Obama”.
Mostrando la sintonía de los republicanos en el Congreso en este asunto, el líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, dijo que el revés para la Casa Blanca demuestra que Obama “no tiene la autoridad para realizar este tipo de acciones”.
McConnell pidió a los senadores demócratas que dejen de obstaculizar la propuesta republicana de incluir enmiendas para acabar con las acciones diferidas de Obama, un desacuerdo que podría llevar este mes a un cierre parcial del Departamento de Seguridad Nacional por falta de fondos.
La congresista demócrata por California Linda Sánchez, presidenta del caucus hispano del Congreso, aseguró que hay precedentes en el uso del poder ejecutivo en asuntos migratorios, tal y como hizo en su momento el presidente republicano Ronald Reagan
Brent Wilkes, presidente de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC), aseguró que la postura adoptada por los republicanos ignora que la necesidad de que Obama recurriera a una acción ejecutiva se dio por la oposición de congresistas conservadores a la reforma migratoria consensuada entre senadores de ambos partidos.
“Confiamos en que las acciones del presidente serán encontradas constitucionales por un tribunal y se dará luz verde a su implementación. Mientras tanto, LULAC asistirá a las familias que se preparan para el proceso de solicitud”, explicó Wilkes.
Janet Murguía, presidenta del Consejo Nacional de La Raza (NCLR), confió en que un tribunal revoque finalmente la decisión del juez tejano y “reafirme la legitimidad de ese alivio administrativo, poniéndose de lado de los incontables juristas que indicaron que el presiente estaba actuando dentro de autoridad”. EFE
