SANTO DOMINGO.- El recién iniciado 2018 debuta con una controversia que trasciende públicamente y airea un enfrentamiento entre el Poder Judicial (PJ) y el Ministerio Público (MP), instancia ésta que recibe graves y serios cuestionamientos por parte de la presidenta de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de San Cristóbal.
Este conflicto, que marca como escándalo el nuevo año, se produce apenas cuatro días antes de celebrarse en el país el Día del Poder Judicial
La pelea, que revela criterios “escondidos” de sectores del Poder Judicial contra el proceder de las actuales autoridades al frente de la Procuraduría General de la República (PGR), surge con el otorgamiento de permisos a unos 50 internos de diferentes cárceles del país implicados en casos de narcotráfico, sicariato y violaciones sexuales.
En una ardiente e inusual defensa de la actuación de la jueza interina del Tribunal de Ejecución de la Pena de San Cristóbal que otorgó los referidos permisos, Katherine Rubio Matos, la Jueza presidenta de la Cámara Penal de Corte de Apelación del departamento judicial de la referida provincia, María Garabito Ramírez, arremetió casi de manera furiosa contra la PGR.
Garabito Ramírez remitió a sus superiores un informe de respuesta a la postura crítica y de rechazo asumida por el Ministerio Público en el caso de los permisos otorgados, en el cual la funcionaria judicial lanza una serie de epítetos y emite más de una consideración que descubre algún resquemor o resentimiento entre estas dos importantes instancias de la estructura judicial.
Los permisos en cuestión, otorgados en virtud de la resolución o auto número 301-01-1289-2017, benefician a internos condenados por los casos de narcotráfico y asesinatos múltiples denominado Paya-Baní, los crímenes por sicariato cometidos por la red que dirigió en el país el puertorriqueño José Figueroa Agosto, y el fallecido narcotraficante Florián Féliz
La Jueza presidenta de la Cámara Penal de Corte de Apelación de San Cristóbal califica de cruel, dañina, inexacta, mendaz y plagada de malicia la postura del Ministerio Público en este caso.
No conforme con los anteriores calificativos, la magistrada Garabito Ramírez acusa al MP de llevar un “protagonismo” en el manejo de los centros penales respecto al cumplimiento de las penas de los internos, área que asegura no le compete.
Asimismo, la magistrada hace una seria imputación contra la Procuraduría General de la República, en el sentido de que otorga permiso al margen del Juez de Ejecución de la Pena, y citó como ejemplo el caso de un condenado a 30 años por el caso Paya-Baní, el señor Luis Lara.
También habla de un supuesto mal manejo en el orden administrativo de los centros penitenciarios por parte del Ministerio Público, “el cual deja mucho que desear”.
“Le ASEGURO con letras mayúsculas que son un monumento al desorden, a la negligencia, a la falta de gerencia, al desconocimiento total y absoluto de lo que tienen entre manos”, expone la jueza en una reacción que denota una actitud impetuosa.
Afirma que las actuales autoridades del MP incurren en lo que ella misma define como “lo que es peor”, al chantaje de no presentar los presos a las audiencias, no se sabe con cuales propósitos,
“Pero buenos, no son (esos propósitos) porque no benefician ni al preso, ni al sistema y siempre se escudan en la falta de recursos”, puntualiza.
A juicio de Garabito Ramírez, las actuaciones de la PGR obedecen a un plan para pretender desestabilizar el Poder Judicial difundiendo hechos falsos.
