A punto de cumplirse un mes de la aún inexplicada muerte del fiscal Alberto Nisman, una petición de imputación por encubrimiento a terroristas ha puesto contra las cuerdas al Gobierno de Cristina Fernández, en una Argentina cada vez más dividida que ha iniciado conmocionada un 2015 electoral.
Aunque la imputación solicitada el viernes pasado por el fiscal Gerardo Pollicita contra la mandataria, el canciller Héctor Timerman y varios colaboradores por supuesto encubrimiento a terroristas no implica que el juez de la causa, Daniel Rafecas, vaya a tomar medidas que anticipen un proceso judicial, el gesto supone un tremendo golpe simbólico para el Ejecutivo.
Pollicita siguió el camino marcado por el fallecido Alberto Nisman, el fiscal que investigaba el atentado contra la mutua judía AMIA y que cuatro días antes de morir denunció a Fernández por considerarla como la principal responsable de un plan para encubrir a los sospechosos iraníes del ataque que dejó 85 muertos en 1994 a cambio de intensificar relaciones comerciales con Irán.
“La imputación no implica anticipar condena o prejuzgamiento, pero significa que la Justicia entiende que hay elementos suficientes para investigar a las personas acusadas en la denuncia de Nisman”, dijo a Efe el director de la consultora Nueva Mayoría, Rosendo Fraga.
Fernández está protegida por fueros que impiden su detención pero no su procesamiento y en caso de ser citada a declarar puede hacerlo por escrito, aunque desde el Gobierno insisten en que no hay pruebas que sustenten las acusaciones y, por tanto, no puede ser llamada a indagatoria.
Al contrario de lo que ocurrió tras la muerte de Nisman -cuando optó por no comparecer en público hasta pasada una semana-, la presidenta mantuvo su agenda oficial y encabezó dos actos en el sur del país durante el fin de semana.
