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Niños secuestran, torturan y matan a otro en “juego”

Redacción por Redacción
17/05/2015
en Internacionales
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La fiscalía de Chihuahua, estado fronterizo con Texas, informó este fin de semana que un grupo de niños de 11 a 15 años secuestraron, torturaron, asesinaron y sepultaron a otro menor, este de 6 años, cuando “estaban jugando”.

Las autoridades consideraron el suceso como un ejemplo preocupante de “descomposición social” y expertos en infancia corresponsabilizan al gobierno de esta situación y urgen presentar una “estrategia nacional” contra todas las formas de violencia hacia los menores.

La fiscalía estatal, en un comunicado explicó que los sucesos tuvieron lugar la noche del jueves en un barrio marginal de la ciudad de Chihuahua, cuando dos niñas de 13 años, un niño de 11 años y dos adolescentes de 15, “todos vecinos y conocidos entre sí, estuvieron jugando” con Cristopher Raymundo Márquez, de 6 años.

“Lo amarraron y le pusieron una vara en el cuello con el que lo semi-asfixiaron y cuando el menor cayó al suelo le arrojaron piedras, le encajaron una navaja en la espalda y una vez sin vida lo arrastraron hasta donde depositan el cuerpo”, indica la nota.

Según el testimonio de los menores, que confesaron su crimen, una vez que habían matado al pequeño, hicieron una “excavación superficial” en el “cauce de un sinuoso arroyo ubicado en la colonia Laderas de San Guillermo” —una zona de la ciudad limítrofe con la prisión estatal— cubrieron el cadáver con tierra y colocaron encima “maleza y un animal muerto para que no llamara la atención”.

La madre de la víctima denunció la desaparición de su hijo el viernes y fue entonces cuando las autoridades iniciaron su búsqueda y ubicaron a los menores agresores que después de entrar en varias contradicciones sobre lo sucedido confesaron el crimen. El cadáver fue localizado el sábado.

Después de rendir declaración, se presentaron cargos penales contra los dos niños de 15 mientras que los otros tres de 11 y 13 años fueron dejados en manos de la procuraduría correspondiente y del Sistema de Desarrollo Integral de la Familia, encargados de dar tutela pública a los menores “por la omisión de cuidados” de sus respectivas familias.

La fiscalía mostró también su “gran preocupación” ante un homicidio que “constituye más que un problema policiaco, un factor de descomposición social” y de “ausencia de valores”.

Expertos y psicólogos mexicanos llevan años alertando de los peligros y los efectos psicológicos que tiene en los menores vivir inmersos desde hace años en la violencia desmedida generada en varios puntos del país desde que el ex presidente Felipe Calderón inició la guerra frontal contra el narcotráfico en 2006.

Juan Martín Pérez García, director de la Red por los Derechos de la Infancia, una coalición de 75 organizaciones mexicanas, explicó a The Associated Press, que este suceso evidencia que hay una “reproducción cultural de la violencia” por parte de los niños y adolescentes en lugares con altos índices de criminalidad vinculada a la delincuencia organizada, como es el caso de Chihuahua.      “Se ha normalizado la violencia, incorporándola a los juegos infantiles y esto no es nuevo, ha habido muchos señalamientos de niños que juegan a ser narcos, a los secuestros”, señaló.

Sin embargo, las autoridades nunca se han preocupado de esta situación, denunció el experto. “Desde 2006 ha habido más de 100.000 asesinatos vinculados al crimen organizado, todas esas personas tenían familias pero no ha habido ninguna campaña nacional para atender a los menores que dejaron atrás”.

Eso, unido a las carencias del sistema de justicia, “porque hay una ley para adolescentes pero no está plenamente implementada por falta de recursos”, ha originado situaciones como la actual, añadió Pérez García.      Un informe de marzo del ombudsman mexicano alertaba de la situación de los centros de internamiento de menores, lugares donde se detectaron casos de tortura, de tratos “crueles, inhumanos y denigrantes”, insalubridad de las instalaciones o hacinamiento.

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El Senado de la República decidió eliminar del Proyecto de Ley Orgánica que modifica la Ley 16-92, que aprueba un nuevo Código de Trabajo, la disposición el pago obligatorio de los consumidores del 10% de la propina los pedidos que hacen los clientes en el país a través de las plataformas digitales. Durante la segunda lectura del proyecto de ley, los senadores aprobaron la solicitud presentada por Alexis Victoria Yeb, que solicita volver a la posición anterior sobre el tema de las propinas, para que “solamente sea incluido el 10 por ciento de la propina legal en los establecimientos de expendio de bebidas y comida”. En su aprobación en primera lectura, el nuevo código de trabajo contemplaba en su artículo 228 que sería de carácter “obligatorio para el empleador agregar un 10% de propina en las cuentas o facturas de los clientes, sin distinción del canal de venta utilizado, a fin de ser distribuido íntegramente entre los trabajadores, con excepción de aquellos que pertenecen al área administrativa”. La disposición fue inmediatamente rechazada por varios sectores de la población, principalmente los consumidores, quienes indicaron que tendrían que restringir el uso de las plataformas en caso de que esa moción se encuentre en la nueva legislación cuando sea promulgada por el Poder Ejecutivo. Otras modificaciones Los senadores decidieron dejar sobre la mesa el conocimiento en segunda lectura de la reforma laboral en búsqueda de incorporar las modificaciones propuestas por varios de los legisladores. Además de la solicitud de Victoria Yeb, fue aprobada la modificación que presentó el senador por la provincia La Altagracia, Rafael Barón Duluc, modificando el artículo 420 que indica que el Ministerio de Trabajo es el órgano del Poder Ejecutivo encargado de la formulación y ejecución de las políticas laborales y tiene por finalidad promover la formalidad y el empleo decente, regular las relaciones laborales, garantizar la seguridad y la salud en el trabajo, y velar por el cumplimiento de la legislación laboral y de seguridad social. El mismo artículo destaca las atribuciones del ministerio son formular y ejecutar políticas y programas relacionados con el empleo y la formación profesional; fomentar el diálogo social entre trabajadores, empleadores y el Gobierno; supervisar el cumplimiento de las normas laborales y de seguridad social; administrar el sistema de inspección laboral y de la seguridad social. En tanto que el artículo 421 refiere que el ministro de Trabajo es la máxima autoridad del Ministerio de Trabajo, responsable de la formulación, dirección, ejecución y supervisión de las políticas laborales y de empleo. Tendrá bajo su dirección los viceministerios y demás dependencias del ministerio. El conocimiento del nuevo Código Laboral continuará en la próxima sesión de la Cámara Alta, pautada para las 10 de la mañana del próximo jueves.

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