SANTO DOMINGO. Un grupo de mujeres y algunos hombres se apostaron nueva vez frente al Congreso Nacional, como han venido haciendo todas las semanas de este mes de mayo, para insistir en su petición de que se despenalice el aborto en tres causales por entender que con penalizarlo “totalmente” solo se propicia que se lleve a cabo de manera clandestina y mueran más féminas por esa causa, principalmente pobres.
Durante la manifestación, Katherine Tolentino habló en nombre de la “coalición por la vida de los derechos de las mujeres conformada por más de 80 organizaciones”, la cual se apoya en las observaciones del Poder Ejecutivo, y que no fue tomada en cuenta por los congresistas, la sociedad civil y organismos internacionales.
“Legisladores, la penalización absoluta del aborto es inconstitucional”, dijo Tolentino frente a la sede del Poder Legislativo, al leer el documento oficial con sus demandas.
Agregó que también solicitan una ley integral para enfrentar las nuevas formas de violencia que se ejerce contra la mujer, que identifique y sancione la violencia contra ellas al margen de una relación de pareja.
Ante las reiterada solicitud de las organizaciones feministas, la Comisión Permanente de Justicia de la Cámara de Diputados se prepara para rendir un informe que castiga la interrupción del embarazo.
La comisión volvió a rendir un informe “reiterativo” de su posición durante más de una década en lo referente al castigo del aborto. Solicitan tres años de prisión a quien mediante alimentos, brebajes, medicamentos, sondeos, tratamientos o por cualquier otro medio cause la interrupción del embarazo, según el diputado Henry Merán, presidente de la comisión.