El exprocurador Jean Alain Rodríguez habría aprovechado el contrato con la constructora Norberto Odebrecht para poner en marcha el “Plan de Humanización del Sistema Penitenciario”, mediante el cual se repararían y construirían centros correccionales y con dichos fondos, capitalizar sus finanzas para sus aspiraciones presidenciales.
De acuerdo a lo documentado en el expediente acusatorio depositado por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Rodríguez, con la coparticipación de los coacusados Jonnathan Joel Rodríguez Imbert, Jenny Marte Peña, Rafael Antonio Mercedes Marte y de los señores Rafael Canó Sacco y Víctor Lora Imbert, Félix Rosario, Isis Tapia, Loanders Medina y Alfredo Solano idearon un “negocio lucrativo”, puesto que “los fondos podían ser manejados como recursos directos” de la Procuraduría.
En su lanzamiento, el 11 de octubre del 2018, el proyecto de humanización fue definido como “la reforma penitenciaria más profunda que se haya realizado en la historia de la República Dominicana y, como una solución al problema de las condiciones infrahumanas de las cárceles del país, provocadas por el hacinamiento de los privados de libertad”.
Esta reforma abarcaría tres proyectos que incluía en una primera parte la construcción de dos nuevos Centros de Corrección y Rehabilitación Penitenciaria (CCRP), dos centros de adolescentes en conflicto con la ley en San Luis y el Hospital Penitenciario La Nueva Victoria.
En una segunda fase, la ampliación de ocho centros penitenciarios y finalmente, la readecuación de cuarenta centros penitenciarios existentes.
Para la ejecución, se había presupuestado un gasto aproximado de 10,500 millones de pesos, “prácticamente, la totalidad de lo que sería pagado por la constructora Odebrecht, S.A.”, a raíz del acuerdo suscrito luego de haber admitido el pago de 92 millones de dólares para sobornos en el país, monto que fue duplicado a 184 millones de dólares, tal como lo establece la legislación nacional.
“El acuerdo entre la Procuraduría General de la República y la empresa Odebrecht, S. A., en la página 15 establecía un calendario de pagos, con periodicidad anual, iniciando en enero del 2017 con la suma de 30 millones de dólares y posteriores partidas cada año hasta el 2025″.
“La realidad es que el fin ulterior del Plan de Humanización del Sistema Penitenciario, era extraer un porcentaje importante de los fondos que pagaría Odebrecht, S. A., por medio de una sofisticada, sin precedente y amenazante estructura de cobro de sobornos exigido a los contratistas, como requisito para estos ser elegidos como adjudicatarios de las obras”, reza textualmente el expediente.
Para la elaboración del Plan de Humanización no se tomaron en cuenta evaluaciones estructurales, ambientales, hidrológicas, seguridad ni de factibilidad de suelo, lo que, según documenta el Ministerio Público, elevó los costos de realización y se reflejó de manera evidente en la calidad del millonario proyecto.
