INDEPENDENCIA.- El Ministerio Público apelará la sentencia del Tribunal Colegiado que condenó a un ciudadano haitiano 10 años de prisión por la muerte de su padrastro de la misma nacionalidad, pese a que la Fiscalía de esta provincia solicitó la pena máxima de 30 años de prisión, luego que demostrara con diferentes pruebas testimoniales que incurrió en asesinato.
Manifestó su inconformidad con la sentencia a Suafel Agustín por la muerte de Ferner Fransua, luego de que el tribunal variara a homicidio voluntario la calificación jurídica de asesinato que le había otorgado la Fiscalía de Independencia, que dirige el magistrado Soni Adriano Rosario José.
Suafel Agustín, quien cumple prisión en la cárcel pública de Neyba, en Bahoruco, fue hallado culpable de violar los artículos 295, 296, 297, 298 y 304 del Código Penal.
Mediante un comunicado, el Ministerio Público afirmó que durante el juicio demostraron con pruebas contundentes que el encartado planificó y materializó el asesinato de Ferner Fransua alegadamente por una deuda económica. El hecho ocurrió el 23 de marzo en una propiedad de esta provincia donde trabajaba la víctima.
En relación a la sentencia, señaló que una vez la misma le sea notificada, la fiscalía de Independencia procederá con su apelación en virtud de que el tribunal no tomó en cuenta los testimonios expuestos por personas que se encontraban en el lugar donde ocurrió el lamentable hecho.
Los testigos expusieron durante el juicio que el acusado el día del asesinato asechó a la víctima, lo esperó que llegara a la propiedad donde laboraba y posteriormente le ocasionó varias heridas de arma blanca y golpes con palos y piedras que le provocaron la muerte, quedando demostrado ante el tribunal que hubo premeditación y acechanza antes de que perpetrara el crimen del señor Ferner Fransua.
En ese mismo orden, los testigos expresaron que un mes antes de cometer el asesinato el victimario le había propinado una golpiza al hoy occiso y le había advertido que le iba a quitar la vida.
La institución persecutora expresó que trabaja para que haya justicia, destacando en ese sentido que seguirá firme en sus propósitos de procurar que se imponga la pena máxima de 30 años de prisión como lo establece el Código Penal Dominicano en estos casos.
