Organizaciones y partidos políticos de la oposición en Haití han propuesto la creación de un Consejo Nacional de Transición para que sustituya al actual presidente, Jovenel Moise, a partir del domingo, ya que entienden que el 7 de febrero expira el mandato del actual jefe de Estado.
Moise sostiene que su mandato de cinco años comenzó con la toma de posesión de febrero de 2017, algo que también respaldan la Organización de Estados Americanos (OEA). Sin embargo, la oposición esgrime que el reloj comenzó a correr un año antes, después de unas caóticas elecciones que derivaron en una presidencia interina.
Las discrepancias políticas se han trasladado a la calle, donde han aumentado las protestas en el último mes. Esta misma semana, se han celebrado varios paros convocados por sindicatos y movimientos opositores, con vistas a aumentar la presión para la jornada del domingo, llamada a ser un punto de inflexión.
Un grupo de organizaciones se han unido ahora para plantear que haya un Consejo de Transición que dure dos años y que siente las bases del futuro político del país caribeño, según la agencia de noticias AlterPresse. De él formarían parte 15 miembros, siete de ellos de la sociedad civil y ocho representantes de partidos y grupos opositores.
La Conferencia Episcopal se ha sumado también este martes a las voces que piden a Moise que se replantee su futuro, argumentando que “hay una ley para todos” y debe aplicarse el mismo rasero que impuso a otros cargos electos, lo que pasa en opinión de los obispos por que dimita como presidente de Haití este próximo domingo, informa ‘Le Nouvelliste’.
La cúpula eclesiástica ha advertido de que “el país está al borde de la explosión” y ha llamado a buscar “consensos”. “El descontento está en todas partes, en casi todas las áreas”, ha lamentado en su mensaje los obispos, que consideran “imprescindible” pronunciarse públicamente dada la tensa situación actual en Haití, “de extrema angustia”.
Moise, que sí ha reconocido graves problemas de inseguridad, ha evitado por ahora realizar concesiones en materia de gobierno y defiende el calendario electoral para los próximos meses, consistente en un referéndum constitucional previsiblemente en abril y comicios presidenciales y legislativos en septiembre.
