Además de otorgarle, a cambio de ningún avance en derechos humanos, la suma de 50 millones de euros al Gobierno cubano, la visita a La Habana durante los días 3 y 4 de enero de la Alta Representante de la Unión Europea, Federica Mogherini, contribuyó políticamente a legitimar un proceso de renovación de autoridades no democrático en Cuba.
En la conferencia de prensa que brindó el 4 de enero, Mogherini señaló que “estamos trabajando para formalizar el diálogo entre la UE y Cuba sobre derechos humanos, un diálogo que mantenemos en más de 40 países. Nuestro diálogo con Cuba sobre derechos humanos comenzó en el año 2015, y desde entonces, este diálogo nos ha permitido abordar la situación de los derechos humanos tanto en Europa, como en Cuba. Hay diferencias en nuestras visiones respectivas, la apertura y la disposición para el diálogo están siempre presentes dentro del respeto mutuo”.
El respeto mutuo es que para la UE los derechos humanos, y en especial la participación política, son una cosa, y para el Gobierno cubano otra, con lo cual el diálogo es de sordos. A tal punto que desde que comenzaron los diálogos en derechos humanos no se produjo ningún avance concreto en Cuba, como puede apreciarse en el último informe de Amnistía Internacional. En todo caso, Mogherini tendría que aclarar cuáles son sus expectativas del diálogo en derechos humanos con Cuba, es decir, qué espera del mismo.
Lo increíble es que siendo ahora la UE el primer inversor y socio comercial de Cuba, y financiando abultados proyectos de cooperación, no logre que el régimen de los Castro produzca un mínimo avance en derechos humanos. Esto evidencia que Mogherini, o bien es una funcionaria incompetente o directamente tiene su simpatía política con la dictadura cubana.
Pero lo peor es que la UE, como bloque regional, se adapta institucionalmente a Cuba y no al revés. En el resto de los países, como por ejemplo Argentina, la delegación en Buenos Aires de la UE mantiene intercambios con la sociedad civil independiente y financia proyectos de derechos humanos, es decir, de cuestiones que afectan a la libertad de prensa y la participación política, entre otros. En cambio, en Cuba, la UE financia solamente a los organismos oficiales y a las ONG gubernamentales, los cuales difícilmente cumplen con los requisitos de transparencia que requieren los proyectos de cooperación con la UE.
Párrafo aparte merece el encuentro que Mogherini mantuvo con uno de los beneficiarios de la cooperación europea, el ministro de Cultura de Cuba, Abel Prieto, quien protagonizó hechos de intolerancia política en la Cumbre de las Americas en Panamá y cuya política reprime el ejercicio de la libertad de expresión cultural.
Por otra parte, llama la atención que, en su diálogo, Mogherini no tenga en cuenta las recomendaciones que varios países de la UE le formularon a Cuba durante su último examen universal en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, y que el representante del Gobierno cubano rechazó de manera tajante, dejando claro que cualquier diálogo sobre el tema no producirá resultados.
Por ejemplo, España pidió “respetar la libertad de expresión, asociación y reunión, y reconocer personalidad jurídica a las asociaciones de derechos humanos mediante un sistema de registro oficial inclusivo”; Francia solicitó “garantizar la libertad de expresión y de reunión pacífica, así como la libre actividad de los defensores de los derechos humanos, los periodistas independientes y los opositores políticos”; los Países Bajos recomendaron “poner fin a la represión, investigar actos de repudio y proteger a todas las personas que sean víctimas de intimidación o violencia”; y Alemania le pidió a Cuba “abstenerse de todas las formas de hostigamiento, intimidación y detención arbitraria de activistas en favor de los derechos humanos”.
El contenido de todas las recomendaciones mencionadas se mantiene vigente dado el estado de los derechos humanos en Cuba. Pero de acuerdo al accionar de Mogherini, un país que viola los derechos humanos merece su respeto.
En definitiva, Cuba actúa con la lógica de toda dictadura, considerando que el respeto mutuo implica la impunidad soberana para violar los derechos humanos. Asimismo, sus 59 años en el poder le brindan una experiencia diplomática que los favorece en la política internacional: las autoridades de otros países y organismos pasan, mientras que el mismo Gobierno continúa en el poder en Cuba, con lo cual al dialogar con la nueva contraparte democrática las negociaciones parten cada vez de cero. Y así sucesivamente.
Si la UE realmente quiere lograr avances en derechos humanos en Cuba, primero tiene que brindar reconocimiento a los actores democráticos en la Isla, en lugar de extenderles la ilegalidad que el régimen de partido único les impone. Esto contribuiría a legitimar y fortalecer moralmente a los activistas de derechos humanos en Cuba. Y si el Gobierno de Cuba requiere de la ayuda externa europea por su mala gestión económica y su decadente sistema político e institucional, una condición del apoyo sería que partidos políticos y organizaciones de la sociedad civil independientes pasen a funcionar legalmente, lo cual implicaría la posibilidad de ejercer los derechos a la libertad de asociación, expresión y reunión que actualmente no se les reconoce.
En definitiva, hay tantos espacios para iniciar un avance en derechos humanos en una sociedad políticamente cerrada como la de Cuba, que es difícil de entender cómo la UE concede tanto a cambio de nada.
