El Ministerio de la Mujer dijo hoy que desconocía la existencia del proyecto de Ley sometido por el Senador Félix Bautista, que propone la creación del “Sistema de Apoyo Integral para la Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia Contra las Mujeres”, sobre el cual el periódico Listín Diario publicó una información este lunes.
Según Janet Camilo, Ministra de la Mujer esto representaría un retroceso en materia legal y de derechos.
“Esta mañana, al leer el Listín Diario me quedé sorprendida y releí la información para ver si estaba entendiendo bien. Al Ministerio de la Mujer no se le consultó y dudo que lo hayan hecho con las entidades gubernamentales y de la Sociedad Civil que conforman el sistema. Puedo adelantar que este proyecto es un desacierto en toda regla”, reflexionó la Ministra Camilo.
De acuerdo a lo que establece el referido proyecto de ley, y que se encuentra bajo discusión en el Senado, este despojaría al Ministerio de la Mujer de las competencias legales que tiene para la prevención de la violencia contra las féminas y se las traspasa a la Procuraduría General de la República.
“No entiendo cómo es posible desconocer la importancia del esfuerzo sostenido por cientos de mujeres para alcanzar la conquista institucional que significa el Ministerio de la Mujer, como parte nodal en el proceso de institucionalización y modernidad del Estado Dominicano y sobre todo plantear la eliminación de la Comisión Nacional de Prevención y Lucha contra la Violencia –Conapluvi–”, dice la ministra Janet Camilo.
Ante la información publicada por Listín Diario, de inmediato la funcionaria conformó un equipo de técnicas y técnicos del Ministerio de la Mujer que procederá a estudiar la pieza que fue introducida a la cámara alta el 23 de marzo y conocida y enviada a comisión el 4 de abril, sin consultar o informar al órgano que rige el sistema por ordenanza de la Ley 86-99 que creó la Secretaría, hoy Ministerio de la Mujer.
El proyecto al cual la Ministra se refiere, establece en uno de sus artículos que será responsabilidad de la Procuraduría General de la República el definir, impulsar y evaluar de manera sistemática y participativa de las políticas públicas contra la violencia hacia las mujeres.
