La discusión del proyecto de ley sometido por el legislador Félix Bautista no es un asunto de incumbentes transitorios, sino, que es una propuesta que afectaría al país, a las mujeres, a todo un sistema construido durante largos años de lucha.
Así lo afirmó la ministra de la Mujer, Janet Camilo, al salir de la reunión con la Comisión de Género y Familia del Senado de la República Dominicana, donde agregó que la pieza presentada por el senador de San Juan de la Maguana, Félix Bautista, desvirtúa el proyecto original redactado en 2012 por Alina Ramírez, Olga Diná Llaverías, Maria Ramos, Zobeyda Cepeda, Claudia Saleta y Mayra Brea Cabral.
“Este proyecto es un atentado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, cuyos objetivos son los de construir, hacia el año 2030, un mundo basado en la igualdad de género y libre de violencia. Para lograrlo es imperativo que los estados promulguen leyes comprehensivas e integrales de violencia hacia las mujeres”, dijo la ministra,
Asimismo explicó que este tipo de leyes se caracterizan por una visión holística, que definen la violencia bajo todas sus formas, más allá del ámbito familiar y de la relación de pareja e incorporan la perspectiva de género de forma transversal a todos los ámbitos del Estado, de lo que adolece el proyecto presentado por el senador Bautista.
Camilo indicó además que del análisis que realizaron las técnicas del Ministerio de la Mujer, se desprende que la propuesta que formula la creación de un sistema integral de apoyo a la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, tiene muchos nudos que resolver.
De igual forma afirmó que el proyecto muestra un desconocimiento absoluto de la conformación del sistema existente, estructurado de manera integral, al desconocer el papel directivo y ejecutivo del Consejo Nacional de Prevención y Lucha contra la Violencia CONAPLUVI, al cual limita a una posición de comité consultivo.
Expresó que con el proyecto se limita el accionar y la participación de la sociedad civil, coloca al Defensor del Pueblo como un ente de colaboración a las campañas que elaborará la PGR y no le reconoce las funciones establecidas en la Ley 19-01. Desconoce al Observatorio de Cumplimiento de Igualdad y Equidad de Género como una meta presidencial del Ministerio de la Mujer.
La funcionaria observó que los redactores de la pieza hablan de un Sistema de Apoyo, cuando la prevención se aborda desde un Sistema Integral, por lo que diluye el contenido que define y estructura el Sistema, en el que la Procuraduría tiene su propio rol bien definido, que es perseguir el delito e instrumentar debidamente las acusaciones.
La propuesta plantea una visión “tutelar” apoyando, por lo tanto, a los sectores tradicionalmente opuestos a los derechos de las mujeres; centraliza todo el poder en la Procuraduría General de la República (no en un Sistema), debilita la política contra la criminalidad al debilitar el sistema y
El proyecto del senador no sanciona el feminicidio no íntimo; aborda el tema de la violencia contra la mujer como un delito criminal únicamente, no como una violencia estructurada que limita el pleno desarrollo de las mujeres dominicanas y establece una especie de tributo de un 2% para accionar contra este flagelo, atentando así con la ley 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios y además, dejaría en manos de la PGR el manejo y distribución de los presupuestos de las instituciones que componen el sistema, sujeto a la disponibilidad de la Procuraduría.
Camilo dijo que no concibe cómo se puede expresar en una ley que plantea que sólo es violación la violencia sexual, desconociendo las agresiones sexuales y además pone a la violencia física, psicológica y emocional solamente en el ámbito de la pareja o ex pareja.
Establece que la violencia económica y patrimonial será sancionada con la pena correspondiente a la violencia psicológica en el Código Penal pero la violencia psicológica no está establecida y establece penas de apenas 3 años de prisión para los casos de violencia ginecobstétrica.
Un proyecto excluyente
La pieza sometida por el senador de San Juan de la Maguana es excluyente en más de un aspecto y ante todo excluye el enfoque de género en su texto y obligaciones, desconoce los diferentes planes, proyectos, programas y acciones desarrollados con anterioridad por las instituciones competentes, en un trabajo coordinado entre el Estado y la Sociedad Civil durante más de 35 años.
Dispone que todas las asignaciones presupuestarias sean concentradas en la Procuraduría General de la República, inclusive las donaciones por organismos internacionales y que será el organismo quien distribuirá, según su disponibilidad.
Del mismo modo, la propuesta ignora la Constitución dominicana, los Objetivos de Desarrollo Sostenibles, la Estrategia Nacional de Desarrollo, las convenciones, convenios y acuerdos con organismos internacionales como Onu-Mujeres, la Convención de Belén Do Pará, la Plataforma de Beijing.
