El Ministerio Público solicitó prisión preventiva como medida de coerción contra diez militares y civiles, acusados de formar parte de una supuesta red de corrupción que pagó más de 100 millones de pesos en sobornos para obtener y mantener contratos de seguridad en instituciones públicas.
De acuerdo con una nota de prensa de la Procuraduría General de la República, la red “se valía de la distribución de sobornos para agenciarse la contratación y el mantenimiento de contratos de seguridad privada en instituciones públicas”.
La acusación, sustentada alegadamente con más de 500 pruebas, fue presentada la noche del miércoles ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional. La procuradora de corte Mirna Ortiz, coordinadora de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), encabezó el equipo de fiscales que depositó la solicitud.
“Hemos identificado hasta el momento una suma pagada en sobornos que excede los 100 millones de pesos y contamos con más de 500 pruebas para demostrar en esta primera fase del proceso la implicación y vinculación de todos los imputados que han sido arrestados”, declaró Ortiz.
