Por Ing. Teódulo Antonio Mercedes
Las leyes aprobadas, según algunos estudiosos de las sociedades, constituyen la expresión jurídica del desarrollo social en un momento determinado. Expresa en sentido matemático una correspondencia biunívoca entre las fuerzas sociales y sus necesidades de orden legal para la continuidad del desarrollo.
Estas afirmaciones académicas no tienen mucha veracidad en los momentos actuales cuando la Cámara de Diputados convirtió en ley el proyecto que crea el Ministerio de Energía y Minas, que se encargará de las políticas en esos importantes segmentos de la economía nacional.
La propuesta que sometió el Poder Ejecutivo establece que ese ministerio se encargará de formular y administrar las políticas energéticas y de minerías metálicas y no metálicas, de igual manera ejercerá la tutela administrativa y la supervisión de la Comisión Nacional de Energía, la Corporación de Empresas Eléctricas Estatales, la Superintendencia de Electricidad y el Servicio Geológico Nacional.
Este nuevo estamento tendrá seis viceministros. Evaluará y controlará las políticas estratégicas, planes generales, programas, proyectos, servicios relativos al sector energético y subsectores de energía eléctrica, energía no renovable, nuclear, gas natural, hidrocarburos y la minería.
El artículo 9 de la propuesta, de conformidad con la Ley Orgánica de la Administración Pública, ordena que los organismos descentralizados que se encuentren adscritos al Ministerio, más afines a sus cometidos institucionales, quedarán como dependencias del Ministerio de Energía y Minas, quien contempla formular, adoptar, dirigir y coordinar la política nacional en materia de exploración, explotación, transformación y beneficio de minerales, metálicos y no metálicos y velar por la protección, preservación y adecuada explotación de sustancias minerales en el suelo y subsuelo nacional y submarino.
Al citado Ministerio le corresponderá asumir todas las competencias que la ley 290, del 30 de junio de 1966 otorga al Ministerio de Industria y Comercio en materia de Minería, Energía e Hidrocarburos.
Como se puede observar, dicho nuevo ministerio nace con un ambiente confuso, porque no se dispone, como debió ser, que en cuanto a las actividades mineras estén bajo su dependencia las leyes 123, promulgada el10 de mayo del año 1971, que rigen la extracción de agregados, la ley 146 promulgada a los doce (12) días del mes de mayo del año 1971, que deroga todas las disposiciones legales y reglamentarias que le sean contrarias y especialmente la Ley Minera No. 4550, del 23 de septiembre de 1956. Ley No. 4833 que amplía la No. 4532 del 31 de agosto de 1956, que regula la exploración, explotación y beneficio, por particulares, de los yacimientos de petróleo y sus derivados, los hidrocarburos y demás combustibles similares.
Estas tres leyes obsoletas constituyen el marco legal de todas las actividades mineras de la nación dominicana, deben ser el marco jurídico de ejecución del nuevo ministerio, con relación a la minería, a la cual, el nuevo ministerio está en la obligación de adecuarlas a los nuevos tiempos y dotarlas de los instrumentos necesarios y apropiados para hacer de la minería nacional un renglón que llene de beneficios económicos a la presente y futura generación de nuestra patria.
Sobre las propiedades mineras que posee el Estado Dominicano, aparentemente el nuevo ministerio no tendrá injerencia en las mismas, lo que constituye una dispersión en la administración de recursos, hoy en manos de instituciones inapropiadas para supervisar sus pertenencias, por no tener los técnicos necesarios para el trabajo.
No podemos continuar con instituciones inmobiliarias como la Corporación Dominicana de Empresas Estatales (CORDE) administrando yacimientos como Sal y Yeso, así como terrenos donde todavía no ha podido evaluar sus reservas de mármol, o aportando soluciones a distorsiones mineras que se dan en Falconbridge donde posee el 10% de las acciones.
De igual manera, el propietario del yacimiento de Pueblo Viejo es el Banco Central, el cual no puede continuar con dicha administración con la implementación del Ministerio de Minas, el cual está en la obligación de darle seguimiento a la explotación implementada por vía de un contrato minero.
Si la nueva institución será encargada de velar por “coordinar la política nacional en materia de exploración, explotación, transformación y beneficio de minerales, metálicos y no metálicos”, no es posible que el viceministerio de suelo y agua, continúe bajo el marco de la ley 64-00, donde se ha convertido en un cuello de botella para las actividades que rigen la minería no metálica, sobre todo en el área de la producción de agregados por vía de canteras formadas por calizas u otro mineral de origen volcánico, que tenga las características apropiadas para producir material para la construcción.
Luego de esta ley, debe ser modificada la ley de Medio Ambiente, dando la aplicación de la ley 123 al nuevo ministerio.
Por estar llena de interrogantes, la aparición del nuevo ministerio no ha sido recibida con beneplácito de los profesionales del área, cuyo anhelo era su implementación, pero hoy cuando se observa su aplicación, para muchos no ha sido concebido para incrementar el desarrollo y la eficiencia que desde mucho tiempo tiene estancadas las instituciones que deben de regir la conducción de la política minera, independiente del desarrollo irracional que ha primado en la minería dominicana.
Gran parte conciben el proyecto como un respiro para la élite política, que para poder incidir con los grandiosos problemas que se producen en ese renglón de la economía necesitaban estar investido con la jerarquía y salarios apropiados, lo cual hasta hoy los colocaba en funciones de grandes responsabilidades pero con pocos salarios y de tercer o cuarta orden de importancia a nivel gubernamental.
Si ese ha sido su razón de ser, las instituciones mineras continuarán con su languidecimiento y descrédito, porque no se solucionarán los problemas que presentan y que la población necesita que sean resueltos de una vez y para siempre.
Basta observar que la formación del ministerio de la juventud y la mujer no han solucionado los acuciantes problemas que agobian a uno y otro segmento poblacional.
Desde luego, si en dicho ministerio se coloca una persona que esté en el deseo de solucionar los graves problemas que hoy tiene el sector, donde las concesiones mineras no se revisan y se aceptan los informes recurrentes formulados en tiempo de la “España Boba” y se otorgan por grupos a un mismo concesionario, disminuyendo la posibilidad de una mayor y mejor participación democrática. Si dicho ministerio evita la formación de nuevas comisiones para la elaboración de nuevos contratos de explotación minera y el Estado es representado con dignidad en negociaciones sin escándalos, al mismo tiempo en que se toman las previsiones legales para aumentar nuestra participación en la búsqueda y exploración de petróleo, dentro de un marco competitivo a nivel internacional, que permita la participación de exitosas compañías transnacionales, que sí conozcan de exploración petrolera, el nuevo ministerio podrá lograr, en poco tiempo, el sitial que merece por su importancia económica en nuestro territorio.
De lo contrario, llenaremos un capítulo más de la tesis del gran Lanpeduza, esta vez moveremos las cosas no para dejarla igual, sino para empeorar las erogaciones del exhausto Estado dominicano.
