Corrupción, complicidad en falsificación de documentos, y asociación de malhechores, figuran entre los cargos por los cuales se solicitará medida de coerción en contra de la suspendida fiscal de San Pedro de Macorís, Margarita Hernández Morales, quien participó en los acuerdos irregulares con agresores de mujeres que obtuvieron la libertad y posteriormente dieron muerte a sus parejas.
Julieta Tejeda, vocera del Ministerio Público, informó ayer que a raíz del acuerdo irregular con que se otorgó libertad a quien dio muerte a la abogada Anibel González, se inició una investigación sobre otros acuerdos y se detectaron otras irregularidades en “negociaciones” con agresores, entre ellos el que dio libertad al asesino de Juana Domínguez Salas.
La funcionaria del Ministerio Público explicó que los acuerdos parciales o plenos con agresores de mujeres, no aplican para quienes hayan sido apresados por tentativa de asesinato, como ocurrió en el caso de Juana Domínguez, a quien su victimario en una primera agresión le propinó nueve estocadas. La fiscalía de San Pedro de Macorís pedirá un año de prisión preventiva, como medida de coerción, en contra de la suspendida fiscal Hernández Morales. La instancia en contra de Hernández Morales sería depositada ayer por ante la Oficina de Atención Permanente de San Pedro de Macorís.
El caso más reciente fue el de Domínguez, quien fue asesinada el pasado lunes por su compañero sentimental Johan Manuel Rodríguez, por asfixia en el sector Villa Hermosa de San Pedro de Macorís. Rodríguez fue favorecido con un acuerdo pleno mediante el cual obtuvo su libertad mientras cumplía una condena de tres años.
Feminicidios.
Al menos 38 mujeres han caído asesinadas en lo que va de año por sus exparejas luego de amenazarlas, agredirlas, recibir órdenes de alejamiento y recibir prisión en algunos casos. Mientras durante este año van 106 feminicidios.
