Las perspectivas de realización de las elecciones presidenciales y congresuales reprogramadas para el 5 de julio a causa del coronavirus, parecen más auspiciosas en la medida en que en el país, como en todo el mundo, se reinician las actividades normales aprendiendo a convivir con una pandemia aún sin límite visible.
Incluso crece la posibilidad de que los residentes en el exterior puedan votar, después que autoridades de Estados Unidos, donde está el 75% de los empadronados, ha informado que lo permitirían si los organizadores respetan los protocolos de salud impuestos por la pandemia que sacude al mundo.
Avance hacia las elecciones
Con el reinicio de la mayoría de las actividades productivas y de la movilización social en una primera etapa que proseguirá al comienzo de junio, han aumentado las expectativas de que las reprogramadas elecciones presidenciales y congresuales puedan efectuarse dentro de 43 días, el 5 de julio, y así evitar que a la nación le caiga una crisis política- institucional y de legitimidad democrática, encima de la pandemia y sus graves consecuencias económicas y sociales. Desde la oposición política ya se inició una campaña tendente a convencer a la ciudadanía de que si se puede ir a los trabajos, o de compra y actividades bancarias o gubernamentales, también se puede concurrir a las urnas.
Esta semana la Junta Central Electoral (JCE) se reunió con los partidos políticos para ponderar las posibilidades de implementar el voto en el exterior y emitió tres resoluciones autorizando veedores de los partidos ante su Dirección de Elecciones y su Centro de Informática, para la presencia de observadores en el escrutinio de los votos y para permitir que el mismo sea grabado, acogiendo demandas partidistas.
Sin embargo, una cuarta resolución ratificó el horario de votación establecido en la Ley del Régimen Electoral, de 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde, sin acoger peticiones de ampliación hasta las 7 de la noche, para espaciar más la presencia de los electores en los colegios electorales. Tampoco acoge las propuestas de tandas por sexo, para reducir las aglomeraciones en las mañanas, ni de un horario inicial exclusivo para mayores de 60 años. Si la emergencia justificó aplazar la fecha de la votación, establecida en la Constitución, con mayor razón se puede sobrepasar el horario que es sólo de ley. Esas peticiones y un protocolo de higiene y desinfección, persiguen la participación electoral aún con la pandemia. El promedio nacional de votación en elecciones presidenciales es de 70 por ciento, y la legitimidad de las nuevas autoridades podría ser cuestionada si cayera por debajo del 50.
El voto fuera del país
La posibilidad de que los dominicanos residentes en el exterior, 7.9% del padrón nacional, puedan votar para elegir presidente, vicepresidente y siete diputados estuvo en el centro de los debates de los últimos días, particularmente de los dirigentes del exterior, de los partidos políticos, especialmente los de oposición, y de instituciones sociales, que incluyeron a entidades como Participación Ciudadana y la Fundación Institucionalidad y Justicia, que denunciaron retrasos en los preparativos para organizar los colegios electorales en 18 países y 28 ciudades donde se concentra la diáspora dominicana. El Partido Fuerza del Pueblo y cuatro aliados emplazaron a la JCE a que convoque la votación en el exterior, tras señalar que esta no fue incluida en la resolución que reprogramó las elecciones para el 5 de julio.
Uno de los últimos reclamos está contenido en la carta del Manifiesto Ciudadano por la Transparencia Electoral dirigida el jueves 21 a los titulares de la JCE, bajo la firma de su coordinar general Hamilk Chahín, del arzobispo de Santo Domingo, Monseñor Francisco Ozoria, de otros dos obispos católicos y un emérito episcopal, así como personalidades evangélicas, empresariales, académicas, sociales y de la comunicación social. Solicitan que en el menor plazo emitan la proclama convocando las elecciones en las circunscripciones del exterior.
“Habiendo quedado establecido que no existe a la fecha ningún impedimento regulatorio de los Estados receptores a la celebración de elecciones presenciales en sus territorios; y siendo el derecho a elegir un derecho constitucional fundamental, que no puede ser conculcado en forma alguna, se impone la organización y celebración de elecciones en el extranjero en la misma fecha que las elecciones nacionales, para que los votos de la diáspora también cuenten a nivel presidencial”, indica la comunicación.
Sospechan del PLD
En los ámbitos opositores se sospecha que el gobernante Partido de la Liberación Dominicana estaría interesado en una nueva posposición de las elecciones, esperando circunstancias más propicias para posicionar su candidatura presidencial, cuando múltiples encuestas siguen indicando que “no acaba de pegar”. Menos interés se le atribuye en el voto de la diáspora, donde surten poco efecto sus políticas clientelares, y recuerdan que en el 2016, el PLD y sus aliados sólo obtuvieron el 40% del voto del exterior, cuando en el país se le atribuyó el 62%. Declaraciones de al menos tres legisladores, un embajador y dos dirigentes peledeístas, además de aliados y comunicadores vinculados, han abonado esa desconfianza.
El PLD esperó más de tres semanas para acoger tímidamente la nueva convocatoria de las elecciones que no se pudieron celebrar el 17 de mayo. Una comunicación a la JCE, firmada por el presidente del partido, Temístocles Montás planteó esta semana que se contemple la posibilidad de implementar el voto en el exterior, y si no es posible, remite a un acuerdo político.
La posibilidad del voto en el exterior se afianzó en los últimos días con la publicación de comunicaciones del Departamento de Estado de Estados Unidos, del gobernador y del alcalde de Nueva York, y del alcalde de Providence, Rhode Island, que coinciden en señalar que no prohíben el voto presencial en sus territorios, si los organizadores se acogen a los soberanos protocolos de seguridad y sanidad determinados por el Covid-19.
Una declaración de la cancillería española fue menos auspiciosa al indicar que “no se puede confirmar en estos momentos la viabilidad de llevar a cabo el voto presencial”, que dependerá de las restricciones sanitarias que puedan estar en vigor para el 5 de julio, pero precisa que eso se podrá evaluar unos días antes de la fecha. España, como Estados Unidos, dos de los países más afectados por la pandemia, sale progresivamente del confinamiento y reanuda la próxima semana gran parte de sus actividades.
Son casi 600 mil votos
El voto de los dominicanos residentes fuera del país quedó instituido en la reforma electoral de 1997, por la Ley 275-97, y obtuvo categoría constitucional en el artículo 81 de la Constitución del 2010, y fue ratificado en la Ley del Régimen Electoral del 2019. Se puso en vigencia en la elección presidencial del 2004, cuando votaron 35 mil de 52,440 empadronados. Para el 2012 ya fueron 147 mil 479 los empadronados, para ascender a 384 mil 522 en el 2016, cuando sufragaron 189 mil 27, el 49%.
Para las elecciones del 2020, se empadronaron otros 211 mil 357 ciudadanos para totalizar ahora 595 mil 879. De ellos 408 mil están radicados en Estados Unidos, que más 39 mil en Puerto Rico, arrojan un total de 447 mil, equivalentes al 75% del padrón exterior. En Madrid hay 56 mil y otros 29 mil en Barcelona, para sumar 85 mil en esa nación, 14%. El restante 11% está registrado en Alemania, Argentina, Bélgica, Canadá, Chile, Francia, Inglaterra y Uruguay. Están distribuidos en tres circunscripciones: la primera abarca Canadá y Estados Unidos, sin la Florida, que está integrada en la segunda con Puerto Rico, las Antillas y América Latina, y la tercera es Europa.
Ese casi 8% del padrón total de electores dominicanos es una proporción significativa, que supera el total de las 10 provincias nacionales de menor población, por lo que su exclusión de la votación podría constituirse en una fuente de impugnaciones y de cuestionamiento a la legitimidad de los que resulten electos.
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Los aportes de la diáspora nacional
El desaparecido líder político José Francisco Peña Gómez fue el primer impulsor de la doble nacionalidad, que logró incluir en la reforma constitucional del 1994, y del voto de la diáspora consagrado por primera vez en la reforma electoral de 1997. Fue también pionero s en reivindicar la importancia de la comunidad dominicana en Estados Unidos, por su creciente número y sus aportes en remesas al país, incluso al financiamiento de las actividades partidistas.
Desde entonces la comunidad dominicana en el exterior se revaloriza en mayor grado y la mejor muestra es el crecimiento de los empadronados, que ha ido paralelo al de las remesas formales que en la última década se incrementaron en 92%, al pasar de 3,683 millones de dólares en el 2010, a 7,087 millones en el 2019, de acuerdo a los registros del Banco Central. Si se pudieran cuantificar los envíos personales de dinero y paquetes y lo que gastan al venir al país, superarían con mucho los 8 mil millones de dólares, y los 7,500 millones que ingresaron por el turismo el año pasado.
Otra forma de evaluar esos aportes es convertirlos a pesos, y el año pasado a una tasa de 52 por dólar, las remesas por el sistema financiero ascendieron a 368 mil 524 millones de pesos, más del 50 por ciento de todas las recaudaciones fiscales del Estado. Es a esos aportes que se debe atribuir gran parte del mejoramiento del ingreso familiar dominicano, que se traduce en adquisición y mejoramiento de viviendas y en miles de pequeñas empresas.
Por esas y otras razones es que los líderes de la diáspora dominicana defienden ardientemente su derecho al voto, especialmente porque siguen atados al destino nacional y no admiten que no se hagan los esfuerzos y acuerdos necesarios para montar las elecciones en el exterior.
