El Presidente Hipólito Mejía dijo que los elogios del director del Instituto para la democracia y la asistencia electoral a la Junta Central Electoral “llena de indignación a quienes fuimos actores de primera mano en el pasado proceso electoral”.
Mejía dice que “la valoración de los hechos que usted ha expresado respecto al proceso electoral celebrado en mayo de 2012 es, sin lugar a dudas, divorciada de la realidad de cuanto allí aconteció, como lo han declarado diversas instancias nacionales e internacionales, dejándonos sin entender las razones de su extraño y compromisorio parecer”.
Daniel Zovatto director del instituto se refirió al prestigio, organización, credibilidad y honradez de la Junta Central Electoral, haciéndolo mientras le acompañaba su Director, el Lic. Roberto Rosario Márquez, tras la firma del mencionado Memorando de Entendimiento, que rubricó en su calidad de Director de IDEA.
“Contrario a lo que usted afirma”, dice el Presidente Mejía,” creo que el sistema electoral de nuestro país está muy lejos de ser un modelo a imitar, más bien existe una débil institucionalidad que pone en riesgo nuestra seguridad democrática y crea una situación que debe remediarse a la brevedad posible, evitando así la propagación de este terrible mal a otras latitudes de nuestro hemisferio”.
Los conceptos y señalamientos del ex mandatario forman parte de una comunicación que le dirigiera el Presidente Mejía a Zovatto, a la cual le agregó el informe que enviara a la Organización de Estados Americanos a raíz de las elecciones donde constan todas las violaciones a la Constitución y las leyes cometidas por el gobierno y por la JCE, durante el proceso electoral.
Presidente Mejía recuerda que la JCE dio como ganador de los comicios a Danilo Medina “veredicto que fue el resultado de una cadena de acontecimientos donde se violentaron leyes, reglas y normas de aplicación obligatoria en las naciones que sustentan su existencia en los principios de un Estado democrático y participativo”.
A la luz de la Constitución, los tratados internacionales sobre derechos civiles y políticos y las leyes de la República Dominicana, antes, durante y después de transcurridas estas elecciones, se cometieron irregularidades que alteran el derecho de los ciudadanos a elegir y ser elegidos, así como el resultado de las mismas, en menoscabo de los preceptos legales nacionales y supranacionales que norman y regulan esta materia.
Cuanto usted ha dicho sobre el prestigio, organización, credibilidad y honradez de la Junta Central Electoral, haciéndolo mientras le acompañaba su Director, el Lic. Roberto Rosario Márquez, tras la firma del mencionado Memorando de Entendimiento, que rubricó en su calidad de Director de IDEA, llena de indignación a quienes fuimos actores de primera mano en el pasado proceso electoral.
La valoración de los hechos que usted ha expresado respecto al proceso electoral celebrado en mayo de 2012 es, sin lugar a dudas, divorciada de la realidad de cuanto allí aconteció, como lo han declarado diversas instancias nacionales e internacionales, dejándonos sin entender las razones de su extraño y compromisorio parecer.
Concluido el proceso, la Junta Central Electoral dio como ganador al candidato del Partido de la Liberación Dominicana, Lic. Danilo Medina. Este veredicto fue el resultado de una cadena de acontecimientos donde se violentaron leyes, reglas y normas de aplicación obligatoria en las naciones que sustentan su existencia en los principios de un Estado democrático y participativo.
A la luz de la Constitución, los tratados internacionales sobre derechos civiles y políticos y las leyes de la República Dominicana, antes, durante y después de transcurridas estas elecciones, se cometieron irregularidades que alteran el derecho de los ciudadanos a elegir y ser elegidos, así como el resultado de las mismas, en menoscabo de los preceptos legales nacionales y supranacionales que norman y regulan esta materia.
Contrario a lo que usted afirma, creo que el sistema electoral de nuestro país está muy lejos de ser un modelo a imitar, más bien existe una débil institucionalidad que pone en riesgo nuestra seguridad democrática y crea una situación que debe remediarse a la brevedad posible, evitando así la propagación de este terrible mal a otras latitudes de nuestro hemisferio.
