La medida de coerción impuesta a Luis Alberto Ramos Sanz, alias “Luisito la Uva“, y otros imputados, no está relacionada con un delito de asesinato, sino con un allanamiento realizado en Santiago, el 18 de agosto pasado, en el que presuntamente fueron encontrados sustancias ilícitas, un arma y otros objetos.
Así lo aclaró la jueza Kimberly Tatis, del juzgado de Atención Permanente de Santiago, quien sostuvo que en la medida conocida el 25 de agosto pasado, se evaluó la solicitud de medida de coerción contra Luis Alberto Ramos, Jennifer María Cruz Montolio y Randel Guillermo Adans, luego de que el Ministerio Público alegó que los mencionados individuos estuvieron involucrados.
Sostiene que, durante la vista, el Ministerio Público pidió la inclusión de documentos de otra jurisdicción (relativos a unos procesos contra Luís Alberto Ramos) y que el tribunal continuó con la medida de coerción imponiendo a éste una garantía económica de 300 mil pesos mediante una compañía aseguradora, como medida de coerción.
Señala que, ante la solicitud, el tribunal precisó que, para la incorporación de nuevos documentos, el ministerio público debió solicitar el aplazamiento de la audiencia y notificar la documentación a los abogados de los imputados, garantizando el debido proceso.
Manifestó que el Ministerio Público declinó entonces el aplazamiento para estos fines y el conocimiento de la solicitud de medida de coerción continuó.
Mientras que a Randel Guillermo Adans conocido como “Mano Suave” y Jennifer María Cruz Montolio (pareja de Luisito), quienes también fueron apresados en el allanamiento realizado, el tribunal les impuso una garantía económica de 50 y 100 mil pesos respectivamente, así como impedimento de salida y presentación periódica los días 25 de cada mes.
