SANTIAGO.-Tras la implementación del programa de asfaltado por parte del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, en importantes ciudades del país, la colocación de reductores de velocidad (Policía acostado), se ha masificado, en detrimento de conductores, cuyas unidades sufren desperfecto en el tren delantero, además de un aumento en el consumo de combustible.
Se trata de una acción que se hace sin control alguno, porque en el caso de los barrios y urbanizaciones, son los residentes en ella que determinan la cantidad de muro que van a colocar en la calle, frente a lo cual las autoridades municipales que son la competente con esa tarea, no hacen nada.
Debido a esa situación, en pequeños tramos de calles y avenidas, se pueden observar cinco y seis muros, lo que constituye una situación difícil, para el libre tránsito por las vías, porque las autoridades no han sido capaz, de educar a los conductores y mucho menos aplicar las sanciones a quien no cumple con la ley, que establece la velocidad en que se puede transitar en determinada área.
Resulta que la República Dominicana, es un país, donde los conductores pagan los combustibles más caros de toda la región y sumado a ello, las piezas de los vehículos y mano de obra para reponerla, no tienen control, lo que hace más costosos los gastos de un auto.
Pero además un país, donde del Departamento de Transito del propio Ministerio de Obras Públicas, otorga licencias de conducir con el simple requisito de pasar un examen, porque no han sido capases de diseñar un programa de educación vial, para complementar el otorgamiento del documento.
Esa situación hace que esta nación aporte cada año un gran número de muerto por accidente de tránsito, porque muchos conductores, son imprudente conduciendo, porque ellos saben, que no existe ningún tipo de sanción, cuando cometen estos atropellos.
Entonces querer cobrar a los conductores una falta que el Estado no ha sido capaz de encarar, constituye una injusticia, porque ello eleva el costo de operaciones de sus autos y además conlleva pérdida de tiempo.
El problema es más grave aún porque en ocasiones los elevados son colocados por los ciudadanos sin ningún tipo de señal y sin la pintura amarilla, que advierte la existencia de un peligro al conductor, teniendo éste que frenar de golpe encima del muro.
En el caso de los barrios la situación es peor, porque muchas de esas calles, ha sido tomada por los parroquianos, para tomar en medio de las vías, y ahora esa práctica toma más fuerza con los denominados “colmadones”, entonces llenan la calles de los obstáculos, porque abandonan las aceras que son para los peatones, para ocupar el espacio por donde los vehículos deben transitar.
Dicha acción constituye otra de las debilidades de las autoridades municipales que han permito que las vías, sean convertida en negocios de ventas de bebidas alcohólicas, en muchos sectores populares, donde además improvisan jugada de dominó en plena vía pública obstaculizando el tránsito.
Es hora que las autoridades municipales asuman su responsabilidad para que estos reductores de velocidad sean colocados justo en el lugar que corresponda, pero no de forma antojadiza, sin planificación y control alguno, por los residentes en determinado sectores.
Con una población educada y con la aplicación de la Ley, para quienes la violan, no se tiene que incurrir en acciones arbitrarias que en ocasiones causan malestar y mal gusto a ciudadanos que si cumplen con las normas establecidas.
La situación ha caído en un nivel que muchos de estos obstáculos son colocados, para favorecer intereses particulares, dejando de lado el de la mayoría, lo mismo ha ocurrido con la colocación de semáforos, que son colocados en beneficios de determinada institución.
