Cambian los videojuegos por las pistolas y su inocencia por una escalofriante sangre fría para matar. Así, menores de entre 13 y 17 años son capaces de cometer los más atroces asesinatos algunos por encargo y de esto se aprovechan las organizaciones criminales.
Según estadísticas de la Dirección Nacional de Atención Integral de Personas Adolescentes en Conflictos con la Ley Penal, de los 474 internos que permanecen en los nueve reformatorios a nivel nacional, 22% (70) cometieron el delito de homicidio.
Mientras tanto, un 3% (17 internos) de niños, niñas y adolescentes que guardan prisión son imputados por intento de homicidio.
De los menores que están presos por homicidio se encuentra uno de 13 años de edad, ocho de 14 años, siete de 15 años, siete de 16 años, 29 de 17 años, 19 de 18 años, 15 de 19 años, uno de 20 años, cuatro de 21 años y cinco de 23 años edad.
Los que pasan de 18 años ya están cumpliendo condenas por ese crimen en los distintos centros de corrección, comentó la procuradora de Niños, Niñas, Adolescente y Familia, Marisol Tobal.
Los adolescentes de 17 años de edad representan la mayor cantidad que está detenida por homicidio y por intentarlo.
En el centro de rehabilitación donde se albergan más infractores de ese delito es en Ciudad del Niño.
Entre la cantidad de niños, niñas y adolescentes internos, 157 son imputados por robo agravado y 71 por violación o agresión sexual.
También 57 por golpes y heridas, 49 por drogas, 23 por atracos, 13 por porte o tenencia de armas de fuego y 17 por otras infracciones.
Los menores son usados para esos tipos de delitos por adultos porque, pese a la gravedad del delito que cometen, para la ley a los menores solo se les considera “infractores”.
De esta manera, la máxima sanción que recibe un menor homicida es de ocho años de internamiento. Esto lo saben las organizaciones delictivas y por eso utilizan a los jóvenes de entre 13 y 17 años.
Diferentes sectores de la sociedad plantean que se deben procesar a menores, de entre 15 y 17 años, bajo las mismas condiciones que a los adultos que hayan cometido delitos graves, o por el contrario que sea aumentada la pena para los menores infractores.
