SANTO DOMINGO. Unas mil familias, entre propietarios e inquilinos, que habitan a orillas del río Ozama han sido y serán desplazadas a causa de los trabajos que permitirán la conexión de Santo Domingo Este y el Distrito Nacional, a través de la Línea 2 del Metro de Santo Domingo.
Hasta ayer, la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (Opret), había llegado a acuerdo con 568 familias propietarias. Mientras se estiman en alrededor de 300 casas, todas en Gualey, las que todavía quedan por ser desplazadas, con igual número de propietarios más una cantidad todavía no determinada de inquilinos.
Sin necesidad de hacer análisis, ese traslado de familias afectará drásticamente la población en los barrios Gualey, en el Distrito Nacional y Los Minas, en Santo Domingo Este.
Entidades como Ciudad Alternativa han criticado un supuesto modus operandi de la Opret, acusándola de hacer mudanzas “desorganizadas”, y dejando a por lo menos “221 viviendas en las que habitan 835 personas” en riesgo de sufrir accidentes o ser afectadas en alguna forma por los trabajos que realiza la oficina que construye el Metro en su entorno.
El subdirector de comunicaciones de la Opret, Leonel Carrasco, asegura que el proceso para “desinteresar” a una familia toma en cuenta varios aspectos entre ellos la calidad de la vivienda, si la familia propietaria vive en ella, qué tiempo lleva residiendo allí o si es evidente que la vivienda fue elevada recientemente, además de un proceso de negociación.
A partir de esa información se determina la cantidad económica a pagar, incluida la posibilidad de entregar fondos para un apartamento de bajo costo, comparado con los precios reales del mercado. Y en caso de que no alcance, se evalúa el valor de compra de un terreno similar en comparación con precios del mercado; y se toma en cuenta la construcción de una casa de bajo costo valuada por el Instituto Nacional de la Vivienda.
Marco de Políticas
La Opret señala que los cuestionamientos de esas entidades son falsos, debido a que la Dirección de Expropiación y Desarrollo Social de esa entidad ha desarrollado un “Marco de políticas de reasentamiento de poblaciones” para la expropiación de los habitantes de la Línea 2-B, o Línea 2 Este (L2E).
En el documento se determina el impacto de la afección al inmueble; la categoría del habitante o inquilino; se evalúan las alternativas de propuesta para los ocupantes.
Para la adquisición de los muebles e inmuebles se realiza un procedimiento de notificación a los afectados, se realiza un levantamiento topográfico, luego un estudio de títulos, se avalúa el suelo y la vivienda, se realiza una encuesta socio-económica.
Luego se hace una oferta de compra, negociación, elaboración de promesa de compra, firma de promesa de contrato, registro de escritura, pago del inmueble, entrega del predio, retiro de medidores de servicios públicos y la demolición.
