La policía rusa actuó hoy con contundencia al detener en una veintena de ciudades a más de 1.200 opositores que acudieron a una protesta bajo el lema “No es nuestro zar”, a dos días de la investidura del presidente de Rusia, Vladímir Putin.
La mitad de los detenciones se registraron en Moscú, donde los opositores al Kremlin, la mayoría jóvenes, se encontraron en el lugar donde fueron convocados con grupos que apoyan a Putin, entre ellos hombres vestidos de cosacos y miembros de las juventudes del partido oficialista Rusia Unida.
Medios opositores que retransmitieron en directo la protesta denunciaron que los cosacos golpearon a algunos manifestantes, mientras que vídeos y fotografías difundidos en internet demuestran que la policía empleó la fuerza en algunas detenciones.
Un agente advertía por megafonía a los ciudadanos que se dispersaran, bajo la amenaza del “empleo de la fuerza física y medios especiales”.
Lejos de dejarse intimidar y pese a los esfuerzos de la policía para cortar el paso a los manifestantes, cientos de ellos bloquearon el tráfico en algunas de las calles cercanas a la plaza Púshkinskaya donde se dieron cita a partir de las 14.00 hora local.
Al grito de “Vergüenza”, rodearon varios coches de la policía en la calle Málaya Dmítrovka, en el corazón de la capital rusa.
El jefe del Consejo de Derechos Humanos adjunto al Kremlin, Mijail Fedótov, argumentó que la policía actuó en Moscú “para impedir que partidarios de distintas posiciones” políticas “diriman sus diferencias a puñetazos”.
“La situación en la plaza Púshkinskaya, donde se reunieron los manifestantes, se agudizó porque también acudieron hasta ese lugar grupos de gente con otras posturas políticas, y empezó un enfrentamiento que realmente pudo haber acabado en disturbios”, apuntó Fedótov.
También en San Petersburgo fueron miles las personas que respondieron a la convocatoria del líder opositor Alexéi Navalni, detenido por la policía nada más llegar a la manifestación en Moscú.
Las autoridades pusieron todo su empeño en impedir una gran acción en la capital imperial -patria chica de Putin- al cerrar al paso de los transeúntes la Plaza de los Palacios y la plaza Campo de Marte, los dos lugares en los que estaba previsto celebrar la protesta.
Pero los manifestantes lograron hacerse notar y tomaron la céntrica avenida Nevski, la principal arteria de la ciudad.
La protesta se celebró en casi un centenar de ciudades de todo el país, pero las fuerzas del orden sólo actuaron en aquellos lugares donde los manifestantes no contaban con el visto bueno de las autoridades municipales.
Las detenciones se repitieron en Cheliábinsk, Krasnoyarsk, Yakutsk, Novokuznetsk, Kémerovo, Yekaterimburgo, Penza, Tver, Voronezh, y otra decena de urbes.
Navalni, el opositor con más tirón entre los descontentos al Kremlin, convocó la protesta nacional a dos días de la investidura de Putin, que tras casi dos décadas en el poder, ganó con un resultado histórico las elecciones presidenciales celebradas el pasado 18 de marzo.
El presidente ruso obtuvo una histórica victoria gracias al respaldo de más de 56 millones de ciudadanos, superando en 10,5 millones los votos recibidos en 2012 (45,6 millones), cuando regresó al Kremlin tras cuatro años de paréntesis como primer ministro.
En aquel entonces fue acusado por muchos de fraude electoral y el 6 de mayo de 2012, también en vísperas de su investidura, decenas de miles de moscovitas salieron a las calles en una manifestación que acabó en violentos disturbios y enfrentamientos entre opositores y fuerzas policiales.
Más de 400 personas fueron detenidas ese día, 82 policías resultaron heridos y los daños causados ascendieron a 28 millones de rublos (casi un millón de dólares).
Las autoridades judiciales rusas abrieron una investigación penal y acusaron de diversos delitos a una treintena de opositores, de los cuales nueve fueron condenados a penas efectivas de prisión y otros diez estuvieron bajo arresto
Navalni hizo campaña electoral para concurrir a los pasados comicios, pero no pudo hacerlo por sus antecedentes penales en un caso que el opositor califica de persecución política.
