La señora Marlin Martinez, imputada, junto a su hijo Marlon, en la muerte y desaparición de la joven embarazada Emely Peguero, denunció hoy que está siendo objeto de una extorsión por parte de un asistente de la Dirección General de Inspectoría de la Procuraduría General de la República.
Cándido Simón, abogado de Martínez, depositó esta mañana una denuncia por ante la Procuraduría General de la República, en la cual solicita que se investigue al señor Ángel Contreras, supuestamente asistente del director de Inspectoría del esa institución, de quien dijo ha realizado múltiples llamadas a su cliente, para exigirle que deposite una alta suma de dinero en una cuenta del Banco de Reservas, amenazándole con ser su salvación o su pesadilla, si no accede a sus requerimientos.
Simón dijo que la denuncia había sido hecha con anterioridad por ante la Inspectoría General de la Procuraduría General de la República, pero aún desconoce el curso que se le ha dado.
Solicitó, además, al procurador general de la República que ordene al Ministerio Publico de Santiago, al director general de Prisiones y al director del Nuevo Modelo Penitenciario realizar una investigación en torno a una alegada visita no consentida, ni deseada que le hizo a Martínez uno de los abogados de los querellantes, al cual se le habría permitido penetrar hasta su habitación, sorprendiéndola en forma inadecuada.
Según el abogado Simón, el abogado logró penetrar a la cárcel dando calidades de supuesto asistente del procurador, hecho que, a su entender, afecta su intimidad y pone en alto riesgo su seguridad personal.
“Disponer e instruir a fin de que los dichos funcionarios realicen un descenso al Centro de Corrección de Rafey Mujeres, ubicado en la ciudad de Santiago, a fin de comprobar (a) que la exponente se encuentra privada de visitas, sin causa justificada (b) no se le permite salir al área exterior sino a veces por apenas dos horas a la semana, (c) periódicamente se le coloca aislada en una habitación cargada de humedad, lo que agravo su salud física dada su condición de deficiencia pulmonar asmática y (d), ordenar que se le provea las condiciones dignas que consigna la Constitucion de la Republica”, expresó Simón en la denuncia.
Pidió que se le respete su dignidad y que se disponga su traslado a otro centro en donde se le garantice el ejercicio de sus garantías dentro de los parámetros estatuidos en su condición de imputada preventiva.
También solicitó al procurador que disponga una investigación y deducir responsabilidades sobre las difusión de alegadas informaciones internas del proceso a su cargo, manipuladas, según élo, por los medios de comunicación con el silencio connivente por omisión de los representantes del Ministerio Público.