SANTO DOMINGO. La Marcha Verde aseguró hoy que en la lista de testigos presentada por la defensa de Ángel Rondón figuran varios funcionarios, legisladores y empresarios que deberían estar incluidos en la investigación penal o en el mismo expediente de acusación del Ministerio Público, y exigió, además, explicar las razones por las que no se encarta a los familiares de Rondón y al yerno de Víctor Díaz Rúa en el caso Odebrecht.
“El procurador Jean Alain Rodríguez que explique a la sociedad dominicana las razones por las que no encarta en el caso a los familiares de Ángel Rondón y Victor Díaz Rúa identificados como responsables de participar en la triangulación del dinero de los sobornos”, demandó el movimiento.
Según el colectivo, antes de fungir como testigos del imputado Ángel Rondón, los funcionarios, ministros, exministros Vicente Bengoa, Simón Lizardo, Daniel Toribio, Juan Temístocles Montás, Abel Rodríguez del Orbe, Rafael Calderón y Manuel Estrella, entre otros, deben explicar con detalle al Ministerio Público y al país sus vínculos con la aprobación, gestión y ejecución de contratos de Odebrecht en el territorio dominicano.
¿Por qué la señora Rondón Marte, esposa de Ángel Rondón, y el señor Kelly Rondón, primo del imputado, no figuran ni como imputados ni como testigos si el Ministerio Público los sindica como accionistas de las empresas receptoras del dinero del soborno?”, se pregunta Marcha Verde en un documento compartido este domingo desde su Campamento Verde de la Resistencia, instalado hace nueve días frente a la Suprema Corte de Justicia y el Congreso Nacional.
Para el movimiento verde tampoco tiene sentido ni lógica penal la exclusión del expediente de Leonardo José Guzmán Font Bernard, yerno del secretario de Finanzas del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Victor Diaz Rúa, una de las personas clave en la estructura de lavado de activos por más de 35 mil millones de pesos.
Marcha Verde reiteró su exigencia de que sean incluidos en la investigación penal del caso Odebrechet los expresidentes Hipólito Mejía y Leonel Fernández, y el actual presidente Danilo Medina, responsable de promover el mayor contrato de Odebrechet en el país: las plantas a carbón de Punta Catalina.
De igual forma, el movimiento considera incompleto y garante de la impunidad un caso en el que no se incluya en la investigación a Reynaldo Pared Pérez y a la pasada expresidenta del Senado de la República, Cristina Lizardo; a Abel Atahualpa Martínez, expresidente de la Cámara de Diputados; a Gonzalo Castillo, actual ministro de Obras Públicas y Comunicaciones; a Rubén Bichara, actual vicepresidente ejecutivo de la CDEEE; y a los últimos tres exministros de Hacienda.
