SANTO DOMINGO. El movimiento cívico Marcha Verde llamó al juez José Alejandro Vargas a rechazar cualquier acuerdo que exima de consecuencia penal a los involucrados en el caso Odebrecht y no contemple la cuantificación y devolución “del dinero robado por la empresa y funcionarios cómplices”.
En una carta enviada al despacho del magistrado, responsable de homologar el acuerdo entre la Procuraduría General de República y la empresa Odebrecht, el colectivo enfatizó su negativa a que sea homologado un acuerdo desconocido para la población y que pudiera atentar contra la voluntad explícita de cientos de miles de ciudadanas y ciudadanos de que sea castigada la corrupción y resarcidos los daños causados al país.
“Del acuerdo esperaríamos que permita sin más demora la identificación de la estructura criminal local e internacional que operó desde lo público y privado para dañar el patrimonio nacional, así mismo, que todos los culpables puedan ser procesados y condenados con penas que se correspondan con el daño causado al país”, indicó en la misiva. El grupo rechazó también la posibilidad de levantar las medidas cautelares solicitadas contra la empresa, incluyendo su inhabilitación temporal para la contratación pública.
Sostuvo además que no puede ser aprobado ningún acuerdo que establezca de manera definitiva los montos a pagar por Odebrecht “hasta tanto no se conozca el alcance de los daños sufridos por nuestro país en este caso, pues de lo contrario se estaría actuando de espalda al interés nacional y a la demanda de recuperar todo el patrimonio dilapidado en las operaciones fraudulentas de Odebrecht en el país”.
Según el colectivo, con el uso del criterio de oportunidad, que es en esencia una especie de indulto para el infractor de la ley penal, el Ministerio Público sólo busca blindar a Odebrecht, Punta Catalina y a todos los funcionarios sobornados con un escudo impenetrable de impunidad.
En el documento explicó que hay otras vías para garantizar la entrega de información por parte de la constructora como el Acuerdo Pleno, que implica una admisión de la responsabilidad penal donde lo que se negocia es la pena (como ya lo ha hecho Odebrecht en otras jurisdicciones) la cual puede ser reducida en función de la colaboración del inculpado. Circunscribirse al Acuerdo Pleno obligaría la inhabilitación de Odebrecht para continuar con Punta Catalina y supondría la responsabilidad penal de los sobornados, al ser reconocida la culpabilidad del sobornante, según el colectivo.
“El acuerdo también es nulo porque se convino entre las partes y se recibieron pagos, según anuncia el MP, antes de que el caso haya sido declarado complejo y antes de la aprobación de la aplicación del criterio de oportunidad por el juez o tribunal competente”, agregó.
Mediante un comunicado de prensa el movimiento expresó que espera del juez Vargas una justa decisión, apegada a principios y a la Constitución y leyes, para cumplir con las futuras generaciones de este país, y dar un ejemplo histórico de justicia.
