La Asamblea Nacional otorgó poderes especiales al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, para legislar en diferentes áreas y garantizar la defensa del país, lo que generó inquietud entre opositores y analistas sobre un posible incremento de los controles del Estado y que la crisis diplomática con Estados Unidos conduzca a una militarización del país.
En medio de las crecientes tensiones entre Caracas y Washington, la mayoría oficialista aprobó cerca de la medianoche del martes en primera discusión la llamada “ley habilitante antiimperialista para la paz”, que deberá ser sometida a un segundo debate el 15 de marzo para su aprobación final.
La legislación especial, la segunda que recibe Maduro en casi dos años de gobierno, tendrá una duración de seis meses y se centrará en la protección contra la injerencia de otros Estados, acciones bélicas y cualquier otra actividad que pretenda violentar la paz y el funcionamiento de las instituciones, indicaron congresistas opositores a la Associated Press.
Maduro acudió la víspera a la Asamblea Nacional para pedir poderes especiales para enfrentar “la amenaza del gobierno de los Estados Unidos” y preparar al país en el ámbito económico, financiero y comercial para “cualquier variante de bloqueo”.
La solicitud se dio un día después de que Estados Unidos congeló los bienes de siete funcionarios venezolanos en territorio estadounidense y declaró al país sudamericano una amenaza extraordinaria para la seguridad nacional.
A fines del mes pasado el mandatario venezolano había ordenado reducir el personal de la embajada de Estados Unidos en Caracas y exigir visa de turistas a los estadounidenses que visiten el país.
Algunos opositores rechazaron las acciones del mandatario alegando que lo que busca es crear una cortina de humo para desviar la atención de la severa crisis económica que atraviesa el país y cohesionar a sus seguidores de cara a las elecciones parlamentarias de este año en las que el oficialismo no figura como favorito debido a la pérdida de popularidad que ha sufrido Maduro en los últimos meses.
Rocío San Miguel, directora de la organización no gubernamental local Control Ciudadano -que se dedica a temas de seguridad- dijo que no se requiere de una ley habilitante para garantizar la seguridad del país debido a que hay varias normativas vigentes sobre esa materia.
La activista manifestó preocupación porque se esté “militarizando el conflicto con Estados Unidos”, que hasta ahora se ha centrado en acciones diplomáticas y administrativas.
“Todo el poder”
“Esta nueva ley llamada antiimperialista no es otra cosa que la intención de Nicolás Maduro de volver a tener todo el poder en sus manos y eso es un grave riesgo para los venezolanos comunes”, afirmó el secretario general nacional del partido opositor Primero Justicia, el diputado Tomás Guanipa, en una entrevista con Venevisión. Las nuevas fricciones entre Washington y Caracas han alejado la posibilidad de una normalización de las relaciones.
UN RECHAZO A LA INJERENCIA
Diplomáticos de Cuba, Bolivia y Nicaragua, así como la embajadora de Venezuela en Ecuador, Carol Delgado, rechazaron ayer en Quito el decreto ejecutivo del presidente estadounidense, Barak Obama, que declaró una “emergencia nacional” por la situación en Venezuela, y lo calificaron de “injerencia”. Delgado, el embajador de Cuba en Ecuador, Jorge Rodríguez, el de Nicaragua, Sidharta Marín y el encargado de negocios de la embajada de Bolivia, Manuel Monroy, expresaron su rechazo por la acción del Gobierno estadounidense y afirmaron que sus países se mantendrán unidos ante tal circunstancia. La diplomática venezolana calificó de “absurdo” el decreto ejecutivo porque en él se considera que la situación en Venezuela supone una “amenaza inusual” para la seguridad y la política exterior de EEUU.
