SAO PAULO. El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva llamó a 87 testigos para que comparezcan en un pleito en su contra por supuesta corrupción, pero tendrá que asistir a todas las declaraciones como así lo determinó hoy el juez encargado del caso.
El juez federal Sergio Moro, responsable por la investigación del escándalo de corrupción en la estatal Petrobras, señaló en su dictamen que “será exigida la presencia del acusado Luiz Inácio Lula da Silva en las audiencias en las cuales serán escuchados los testimonios inscritos por su propia defensa”.
De acuerdo con Moro, la presencia del exmandatario (2003-2010) sirve con el fin de “prevenir la insistencia en la escucha de testigos irrelevantes, impertinentes o que podrían ser sustituidos, sin prejuicio, por pruebas prestadas”.
Primeramente, la defensa de Lula solicitó la escucha de 52 testigos en el juicio, entre ellos “dos senadores, dos diputados federales, el ministro de Hacienda (Henrique Meirelles) y un magistrado del Tribunal de Cuentas, entre otros”, para ampliar esa lista en 35 más en un segundo pedido.
“En total 87 testigos, lo que parece bastante exagerado”, comentó Moro.
La causa para la que se autoriza el abultado número de testigos es una de las cinco que tiene abiertas con la Justicia el líder político, cuatro de ellas asociadas directamente a la gigantesca trama corrupta destapada en Petrobras.
En esta acción penal la Fiscalía acusa a Lula de los delitos de corrupción pasiva y lavado de dinero al favorecer a la constructora Odebrecht, que participó en la red corrupta, en contratos con Petrobras.
De acuerdo con la denuncia, Odebrecht pagó coimas por 75 millones de reales (unos 24 millones de dólares) a cambio de adjudicarse ocho contratos con Petrobras y tales recursos incluyeron un terreno de 12,5 millones de reales (unos 4 millones de dólares) en el que sería construida la sede del Instituto Lula, entidad dirigida por el expresidente.
Según el abogado de Lula, Cristiano Zanin Martins, la decisión de Moro es “una arbitrariedad más contra el expresidente, pues subvierte el debido proceso, convirtiendo el derecho del acusado (defensa) en obligación”.
“La orden está desprovista de base legal”, agregó.
Lula, quien sopesa presentarse a las elecciones de 2018, puede ser investigado en otros seis procesos más, según solicitó el pasado martes la Corte Suprema con base en las delaciones de 77 exdirectivos de Odebrecht en el marco de un acuerdo de colaboración judicial.
