Pide revisión del contrato con la Barrick Gold para que el país reciba una parte justa del oro dominicano
SANTO DOMINGO.- El ex candidato vicepresidencial del PRD, Luis Abinader, reclamó la revisión del contrato entre el Estado Dominicano y la empresa Barrick Gold para que el país reciba una parte equitativa y justa de la explotación del oro de la provincia Juan Sánchez Ramírez.
El alto dirigente del opositor Partido Revolucionario Dominicano declaró también su desacuerdo con la explotación minera de la Loma Miranda porque los beneficios que podría generar ese proyecto económico no compensan los daños ambientales.
En el caso de la Barry Gold consideró injustificable la modificación del contrato original suscrito en el 2003 entre la administración del presidente Hipólito Mejía y la firma canadiense Placer Dome, que otorgaba el 53 por ciento de las utilidades al Estado Dominicano.
El contrato fue renegociado en el año 2009 por el presidente Leonel Fernández para que el país recibiera solo el 3.2 por ciento de las utilidades, a pesar de que el oro es un recurso no renovable propiedad del pueblo dominicano, expresó el licenciado Luis Abinader.
Dijo no entender las razones por las que el presidente Fernández realizó esa negociación tan perjudicial para el país, cuando el contrato acordado con Placer Dome fue aceptado satisfactoriamente por las partes. Luego de la firma del contrato, la Placer Dome se fusionó con la Barrick Gold, por lo que ésta última asumió los derechos y obligaciones de la primera, incluyendo las condiciones establecidas en el contrato sobre el oro dominicano.
En cuanto al controversial proyecto minero de Loma de Miranda, el licenciado Abinader sostuvo que ese tipo de iniciativas debe evaluarse en función de lo que el país pudiera ganar o perder. Agregó que de acuerdo a los estudios técnicos, económicos y ambientales que se conocen sobre el proyecto, la explotación minera en esa zona no procede.
En cuanto al caso de Bahía de Las Águilas, el pasado candidato vicepresidencial del PRD favoreció una solución basada en una declaración de utilidad pública de los terrenos en conflicto, dejando fuera las áreas protegidas, permitiendo un desarrollo racional y creando una cuenta de fideicomiso para distribuir los beneficios cuando la justicia emitiera un fallo definitivo.
Explicó que esa propuesta fue incluida en el programa turístico del Plan de Gobierno del PRD en las elecciones del 2008, elaborado por él a solicitud del entonces candidato presidencial, Miguel Vargas Maldonado.
