El Primer Tribunal Colegiado de este distrito judicial, conocerá esta semana el juicio que se le sigue a “Los Verdugos de la Fosa”, los seis implicados en la muerte de varios choferes, a los que atracaban y luego lanzaban a una fosa ubicada en la zona de Juan Dolio.
Las Juezas Kenia del Pilar Tavárez Henríquez, Haydeliza Ramírez Henríquez y Esmirna A. Ventura, aplazaron el proceso para el próximo jueves 28, en medio de reclamo de justicia de los familiares, quienes han denunciado que se les quería favorecer en el proceso.
La posposición del juicio, se realizó debido a lo prolongada de la hora, sin embargo los demandantes en el proceso, han solicitado que la opinión pública siga con atención el caso, debido a lo cruel y tortuoso que ha sido, tanto para las víctimas como para los familiares, por lo que no puede quedar impune.
Los procesados respecto al caso, a quienes el Ministerio Público le realizó acusación, al entender su responsabilidad son Hugo Antonio Zorrilla Alfonseca, Luz Divina Martínez Pimentel, Janser Peralta Mercedes, Radhamés Ramírez Rodríguez, Jaime Valentín Encarnación Figuereo (Jay) y Samuel de Jesús Fortuna Peña (Samuel o Bocio), quienes desde el pasado año cumplen prisión preventiva en diferentes centros penitenciarios del país, como imputados del suceso.
La maquinaria conocida como “Los Verdugos de la Fosa” están acusados de matar a los chóferes Vidal Dionisio Berroa Manzueta, Jary Wilson Rodríguez, Germán Arredondo Quezada, mientras otros figuran como desaparecidos.
La Fiscal Carmen Mohammed, se ha mantenido muy activa por el Ministerio Público en la fase de litigación en la que también participan los fiscales Claudio Cordero y Chanel Dessi Gómez.
En el expediente figuran 24 testigos, un grupo de documentos con pruebas materiales, documentales e ilustrativas, por lo que el fiscal Pedro Núñez confía en que se haga justicia, debido a que se ha constituido un expediente completo.
De acuerdo a las investigaciones realizadas y que figuran en el expediente, los imputados establecieron un “modus operandi” que consistía en utilizar maniobras fraudulentas para ubicar a determinados vehículos que eran solicitados con ciertas especificaciones por las personas que tenían a cargo, para luego ocultarlos y venderlos, incluyendo ramificaciones con Haití.
Los imputados lograban convencer a los chóferes de forma amigable para que se fueran con ellos tras proponerles que necesitaban un vehículo para trasladar pasajeros de la localidad de Juan Dolio al municipio de Ramón Santana, utilizando el “ardid” de pagarle incluso por adelantado, para convencerlos, iniciando una cacería de vehículos que dejó sin vida al menos a cuatro personas y a familias y huérfanos en varias ciudades del país.
