En los alrededores del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva hay un ambiente muy poco usual. Juntos y departiendo como los mejores compañeros de trabajo están los nacionalmente reconocidos como “pica-pica” del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y los de el de la Liberación Dominicana (PLD).
Todos tenían el mismo fin: abordar a las docenas de personas que visitaban a los 10 presos por el caso de los sobornos de la constructora Odebrecht para pedirles dinero, previas consignas de adulaciones y acompañamiento a subir las escalinatas de uno de los principales centro de justicia del país.
Uno de los p r inc i p a l e s temas de conversación, acomodados en la grama de un centro de salud que queda justo frente al Palacio de Justicia, era cuál partido ganaría las elecciones en 2020.
En realidad era una burla de Luis (así prefiere ser llamado) a los hoy opositores. “Las aguas volverán a su nivel y nosotros volvemos a ganar en el 2020 con Danilo Medina a la cabeza”, le insistía.
La respuesta de enfrente era que siguiera dormido en ese pensamiento.
El día a día en el Palacio de Justicia en fin de semana funciona más o menos así: la puerta principal cubierta por agentes de seguridad que ante cualquier visita piden la confirmación del detenido a visitar. Los visitantes deben comunicarse primero con el arrestado para que este autorice el paso. Este procedimiento no suele aplicar para los familiares y colaboradores más cercanos, que ya tienen el paso asegurado por la constancia y disposición de los acusados. Quienes son simples visitas, como compañeros de partido o amigos, necesitan anunciarse y tener una respuesta positiva.
Justo en frente del Palacio, en una gramita verde y acogedora de un edificio de salud, esperan los “pica-pica”, atentos a cada personalidad de la vida nacional, incluida su vigilia ante los asistentes y cercanos colaboradores de los diez apresados.
Justo en la puerta trasera del Palacio es donde los familiares deben entregar la comida y los objetos para sus allegados, con la indicación exacta del nombre del detenido a quien le envían los alimentos. Los policías que custodian esta puerta se encargan de verificar lo entregado y luego lo suben donde la persona indicada.
En la esquina sur del Palacio suelen ubicarse entonces los periodistas, cobijados bajo la sombra de una edificación.
La calle Fabio Fiallo, que da acceso a la entrada principal del recinto de justicia, está bloqueada en las intersecciones protegen al Palacio.
La emboscada
Es entonces en ese espacio de unos cuantos metros donde los “pica-pica” entran en acción. Lo primero es que tienen conocimiento de las caras y nombres de los más renombrados dirigentes y funcionarios públicos. Esto en realidad viene de un conocimiento previo: su vida partidaria, asistiendo a cada actividad del partido desde que está en la oposición.
Los que son ampliamente reconocidos por los dirigentes políticos que asisten son quizá los que menos esfuerzo hacen por vociferar y adular.
No dejan de hacerlo, pero de forma más discreta.
Una escena un tanto divertida se puso en marcha cerca de las 4:00 de la tarde de ayer, cuando tres hombres se disponían a subir las escaleras.
Uno de los “pica-pica” vio cierto parecido con uno de los acusados y vociferó el nombre, logrando una mirada y la sonrisa del visitante.
De ahí en adelante insistió pero no tuvo suerte.
Otro gritaba cuando veía personas que podían ser familiares que los verdaderos delincuentes estaban en los barrios del país.
VÍCTIMAS
Los “pica-pica” esperan a sus “víctimas” frente al Palacio de Justicia, en una gramita verde y acogedora de un edificio de un centro de salud.
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LOS DETENIDOS Y LA MEDIDA DE COERCIÓN
Desde el pasado lunes se encuentran detenidos en Ciudad Nueva 10 prominentes líderes políticos y empresarios del país, acusados por la Procuraduría General de la República de recibir sobornos de la constructora Norberto Odebrecht para asignar obras públicas o gestionar aprobaciones de financiamiento y adendas en el Congreso Nacional.
El próximo martes volverá a conocerse la medida de coerción en la Suprema Corte de Justicia, donde el juez Francisco Ortega Polanco deberá decidir si acoge los 18 meses de prisión preventiva que pidió el ministerio público.
