CIUDAD DE GUATEMALA (Reuters) – Ana Caba se fue a vivir a unas montañas remotas durante casi una década después de que soldados guatemaltecos arrasaran decenas de poblados de indígenas mayas, incluido el suyo, durante una ofensiva contra insurgentes en la década de 1980, bajo el gobierno del ex dictador Efraín Ríos Montt.
Ella presenció violaciones, raptos y masacres y sufrió bombardeos aéreos después de que el dictador tomara el poder en un golpe de Estado en 1982 y lanzara una estrategia de tierra arrasada en la que cientos de miles de supuestos rebeldes marxistas y sus simpatizantes fueron asesinados.
“Nos agarraron, nos violaron, quemaron las casas y mataron a los animales”, dijo la mujer de 51 años, al recordar años de sufrimiento después de que Ríos Montt, de 86 años, fue condenado a 80 años de prisión por genocidio y crímenes de lesa humanidad.
Ríos Montt es uno de los pocos jefes de Estado de América Latina que ha sido condenado en su propio país por abusar de su autoridad, en este caso por los crímenes contra grupos étnicos mayas durante su Gobierno entre 1982 y 1983, una de las fases más violentas en la guerra civil de 36 años de Guatemala.
Después del veredicto de culpabilidad del viernes, Caba lanzó fuegos artificiales con sus vecinos en Chajul, en el triángulo Ixil del país. Finalmente habían hallado paz.
“Estoy feliz”, afirmó. “Cuando escuché las noticias pensé en todo el sufrimiento que nosotros vivimos”, agregó.
Un tribunal del país encontró a Ríos Montt culpable de haber dejado que sus soldados violaran, torturaran y destruyeran propiedades como armas en la guerra en contra de los rebeldes de izquierda.
Unas 250.000 personas murieron durante la guerra civil de 1960 hasta 1996. Ríos Montt fue juzgado por las muertes de al menos 1.771 indígenas mayas ixiles, una fracción de todos los que murieron bajo su mandato entre 1982 y 1983.
Decenas de ixiles, hombres y mujeres, celebraron el veredicto del viernes en la corte, al grito de “justicia”, y coreando “ta’ntiixh”, la palabra maya ixil para decir “gracias”.
Ríos Montt niega haber cometido genocidio y sus abogados han dicho que apelarán la sentencia. El jueves, un día antes de que se leyera el veredicto, afirmó su inocencia ante la corte.
VIOLACIONES Y PUEBLOS QUEMADOS
María Raymundo tenía cuatro años de edad en 1982, cuando los soldados entraron en su pueblo cerca de Nebaj, Quiché, en la región occidental de Guatemala.
Los militares quemaron las casas y mataron a los granjeros acusados de ayudar a los guerrilleros izquierdistas. Ella escapó hacia las montañas, donde vivió durante casi un año y vio a su abuelo morir de inanición.
“Sólo comíamos hierbas porque no había nada más”, dijo Raymundo, vestida con el colorido atuendo tradicional maya, tras la sentencia. “Hubo mucho sufrimiento. La jueza sabe que sufrimos. Estamos contentos que nos reconoce”, agregó.
La región ixil de Guatemala fue sometida a una fuerte represión durante la guerra civil.
Muchos fueron obligados a unirse a grupos paramilitares y a vivir en pueblos “modelo” patrullados por soldados, donde los habitantes eran obligados a trabajar y recoger cosechas sin recibir sueldo, y donde tenían que pedir permiso para dejar el área.
La guerra civil de Guatemala terminó con acuerdos de paz firmados en 1996, pero el país sigue estando profundamente dividido y aún se discute si los crímenes ocurridos durante la guerra deben ser perseguidos u olvidados.
Hasta agosto de 2011, cuando cuatro soldados fueron condenados a 6.060 años de prisión por masacres en el pueblo de Dos Erres, en el norte, en 1982, no había habido veredictos de culpabilidad por las masacres durante la guerra.
Así, el veredicto contra Ríos Montt ha ayudado a restablecer alguna confianza en un sistema de justicia considerado corrupto y lleno de fallos, después de sonados casos de corrupción contra algunas personas en las alturas del poder que no llegaron a nada.
Durante el juicio contra Ríos Montt, hubo disputas judiciales sobre jurisdicción y se emitieron decisiones contradictorias que paralizaron temporalmente el proceso.
“Me siento alegre. Siento una sensación de que por primera vez percibimos y sentimos que somos iguales ante la ley”, dijo la estudiante universitaria Matilde Terraza, parte de la etnia Ixil.
