SANTO DOMINGO.- Mientras el Gobierno propone que las empresas distribuidoras de electricidad mantengan su independencia operativa y empresarial, la Asociación Dominicana de la Industria Eléctrica (ADIE) plantea fusionar las tres compañías en una, con un consejo directivo de cinco miembros, de los cuales dos serían designados por el sector privado.El documento de propuestas de la ADIE para el Pacto Eléctrico indica que los miembros del consejo de la única empresa de distribución deben ser profesionales “sin vínculos políticos y con dedicación exclusiva a la nueva empresa de distribución”. En cambio, el sector gubernamental prefiere que las compañías sean independientes “bajo una misma coordinación y lineamientos establecidos por el Consejo de Administración de la CDEEE”.
Subsidio se focalizará en 840 mil familias
En los pasos necesarios para la recuperación financiera de las empresas de distribución los sectores público y privado coinciden: el subsidio a la tarifa se focalizará en las 840 mil familias que viven en la pobreza y la pobreza extrema según las estadísticas del Sistema Único de Beneficiarios (SIUBEN), hasta un consumo de 100 kilovatios hora.
Según la resolución de la Superintendencia de Electricidad, en marzo de 2015, a los consumidores residenciales que no excedían los 200 kilovatios hora (kwh) les aplicaban un cargo de RD$4.44 kwh, cuando la tarifa indexada era de RD$7.82, por lo que recibían un subsidio de 43.24%. El consumo entre 201 y 300 kilovatios pagaba RD$6.97 con la misma tarifa indexada del rango anterior, lo que representa un subsidio de 10.92%. El siguiente rango (de 301 a 700) no es subsidiado y paga RD$10.86 por cada kilovatio, con una tarifa indexada de RD$9.64. Los consumos mayores de 701 kilovatios hora pagan RD$11.10, con la misma tarifa indexada del rango anterior.
El documento del Gobierno reconoce la magnitud del déficit del sector eléctrico, al que han destinado unos US$9,000 millones en los últimos diez años para cubrirlo. Es por esto que sugiere una redefinición del Fondo de Estabilización de la Tarifa Eléctrica (FETE).
Otros puntos
La ADIE propone otras medidas para bajar las pérdidas de energía -que superan el 30%- a un 11% en cinco años, con las que coincide el Gobierno, como continuar con la instalación de telemedidores y contadores pre-pago y la ampliación y rehabilitación de las redes de distribución y transmisión.
Las empresas generadoras y el Estado coinciden en que es necesario expandir el parque de generación. Los primeros proponen que tras la firma del pacto, la Comisión Nacional de Energía elabore un plan de expansión hasta 2030 y establezca el porcentaje de participación de las energías renovables.
El Gobierno busca pactar la creación de la Empresa de Generación Eléctrica Dominicana (EGEDOM), para coordinar las unidades de generación térmica estatales, que estará bajo la coordinación de la CDEEE. Además, buscan regular a las empresas de generación para evitar “las prácticas anticompetitivas y/o abuso de poder dominante de mercado” y lograr la interconexión de los sistemas aislados al SENI (Sistema Eléctrico Nacional Interconectado).
Actualmente, la persecución del fraude eléctrico es potestad de la Procuraduría General Adjunta para el Sistema Eléctrico (PGASE), pero la propuesta estatal muestra el interés de que esa facultad se devuelva a las propias empresas distribuidoras.
“Suspensión transitoria” de compensación por energía no suministrada
En cuanto a la compensación por energía no suministrada contenida en el artículo 93 de la ley 125-01, el Gobierno pretende que se modifique la ley de electricidad para la “suspensión transitoria” de su aplicación hasta que las empresas distribuidoras sean financieramente sostenibles.
Mientras, la ADIE quiere que la Superintendencia de Electricidad elimine “los topes de precios del mercado spot”, que es donde las empresas generadoras compran la energía que por contrato deben colocar en el sistema y no pudieron producirla; y que se modifique la ley de Electricidad y su reglamento de aplicación para que sea el Ministerio de Energía y Minas el organismo que otorgue las concesiones para obras eléctricas y no sea necesario someter esos proyectos ante el Poder Ejecutivo.
El cronocrama para la firma del Pacto Eléctrico empezó en enero con consultas regionales y vía web, que vencieron en marzo. En abril termina la fase de discusión entre los actores convocados en el decreto presidencial. Entre mayo y junio está prevista la concreción del documento final y la firma se produciría también en junio.
