SANTO DOMINGO.- El Sector Mayoritario del Partido Revolucionario Dominicano, encabezado por el ingeniero Hipólito Mejía y Luis Abinader, anunció el inicio de una cruzada jurídica internacional con el propósito de rescatar la institucionalidad de esa organización política y recuperar la democracia en la República Dominicana.
Durante una rueda de prensa convocada para presentar la firma de abogados Aparicio, Arp & Asociados de Washington, DC, responsable del proceso legal a nivel internacional, el licenciado Abinader informó que durante la mañana de este jueves fue depositada ante la Comisión Interamericana de los derechos humanos una “Denuncia por Violación del Estado Dominicano a los Derechos Civiles y Políticos del ex presidente Hipólito Mejía, Andrés Bautista, Orlando Jorge Mera y Geanilda Vásquez”.
En la rueda de prensa participaron el ex presidente Mejía; el ex presidente del Senado, Andrés Bautista García; el dos veces secretario general del PRD, Orlando Jorge Mera; la secretaria de organización Geanilda Vásquez; y el licenciado Abinader, quien hizo la introducción durante la actividad, así como los abogados internacionales y locales responsables de la acción.
Abinader reveló que “en las próximas 5 semanas se iniciaran igualmente procesos legales ante el Comité de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, y se entregaran denuncias individuales ante la relatoría para la independencia de jueces y abogados, entre otras acciones legales que se realizaran en representación de las personas afectadas”.
“El presidente Hipólito Mejía, quien le dirige la palabra, Luis Abinader y todos los líderes de este sector moral y mayoritario del Partido Revolucionario Dominicano hemos asumido un compromiso con los perredistas y con el país de rescatar el PRD y recuperar la democracia de nuestra nación”, apuntó el ex candidato vicepresidencial del Partido Revolucionario Dominicano.
Y agregó: Hemos prometido que defenderemos nuestro partido en todos los escenarios. Hoy le informaremos sobre las acciones legales y políticas ante los organismos internacionales.
En consecuencia, queremos presentar al país a los abogados Jaime Aparicio y Bjorn Arp de la firma Aparicio, Arp & Asociados de Washington, DC quienes desde hoy nos representarán”
Resaltó que el doctor Aparicio ha sido Presidente del Comité Jurídico Interamericano, asesor del ex Presidente Colombiano y ex Secretario General de la OEA Cesar Gaviria. También ha representado al ex Presidente Carter en Nicaragua y Ecuador; y es profesor de derecho internacional en varias universidades.
En cuanto al doctor Bjorn Arp dijo que es profesor de varias universidades en Washington, Madrid, Colombia y Ecuador y ha escrito varios libros sobre los derechos humanos.
Informó también que la firma Aparicio Arp y Asociados ha representado los casos de más alto perfil público de violaciones a los derechos fundamentales ante las cortes internacionales.
“Sin un sistema judicial independiente no hay justicia”
El doctor Aparicio, de nacionalidad Colombiana y radicado profesionalmente en Washington, Estados Unidos, explicó que la firma de abogados acudirá ante diferentes instancias jurídicas internacionales “para denunciar estos hechos, ante la imposibilidad de las víctimas de encontrar justicia en tribunales nacionales, sometidos al poder político”.
“El secuestro de la justicia por el partido gobernante viola derechos humanos protegidos por la Convención Americana sobre Derechos Humanos de la OEA y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas, ambos jurídicamente vinculantes para la República Dominicana”, declaró el jurista durante la rueda de prensa.
Dijo que “la experiencia latinoamericana demuestra que los nuevos autoritarismo en la región se construyen a partir de estrategias de control político partidario de los tribunales supremos, de los mecanismos de control constitucional y de los poderes electorales, con fines de perpetuarse en el poder y de aniquilar el sistema de partidos políticos. Sin un sistema judicial independiente del poder político, no hay democracia, ni límites al abuso de poder ni freno a la corrupción”.
“Ante esa situación, Vamos a demostrar ante las instancias legales internacionales que en República Dominicana la continua intervención política en los órganos jurisdiccionales está afectando el estado de derecho y el régimen plural de partidos políticos y la separación e independencia de los poderes públicos”, manifestó Aparicio. También vamos a solicitar al Secretario General de la OEA, que en aplicación de la Carta Democrática Interamericana, solicite una visita de la organización a República Dominicana para verificar las violaciones al Estado de derecho que afectan el desarrollo del proceso político institucional democrático.
Sostuvo que los problemas de imagen internacional que afectan hoy a República Dominicana derivan de la inexistencia de tribunales “independientes e imparciales”, como lo exige el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
La denuncia ante la CHDH
Por su parte, el doctor Bjorn Arp, reveló que la denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CHDH) fue fundamentada en la violación del artículos 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, referido a las garantías judiciales, del artículo 9, referido al principio de legalidad; y del artículo 16, referido a la libertad de asociación.
“En la denuncia demostramos que la composición del Tribunal Superior Electoral está controlada por el partido gobernante de la República Dominicana. Su práctica demuestra que en todas las reclamaciones presentadas por la corriente del PRD controlada por Miguel Vargas se falla a su favor, y en todas las reclamaciones presentadas por los miembros del PRD ilegítimamente suspendidos y expulsados del partido el Tribunal falla en su contra”, explicó el jurista norteamericano.
Dijo que los s procedimientos no permitieron a las víctimas el tiempo adecuado para la preparación de la defensa, y el tribunal no respondió a todos los puntos planteados en las reclamaciones. “Cuando las víctimas presentaron un recurso de revisión constitucional, este recurso no fue respondido. De hecho, prácticamente un año después de haber sido presentado el recurso, el caso sigue dormido en el registro del Tribunal Constitucional, a pesar de existir la norma que manda una decisión de admisibilidad en un mes”.
Además, indicó el abogado, la denuncia concluye que el Estado de la República Dominicana ha violado los artículos 1 y 2 de la Convención Americana por no tener un régimen jurídico adecuado para la protección de la libertad de asociación. “La República Dominicana no dispone de una regulación jurídica en vigor sobre el funcionamiento de los partidos políticos, lo que está restringiendo considerablemente el derecho de asociación y de participación política de todos los ciudadanos de este país”.
En la rueda de prensa también habló el dirigente político y abogado Orlando Jorge Mera, quien afirmó que la cruzada emprendida por el Partido Revolucionario Dominicano es una iniciativa que trasciende el interés de un partido en particular, ya que el objetivo fundamental es hacer valer el ejercicio de las libertades públicas y los derechos democráticos de todos los dominicanos y dominicanas.
