SANTO DOMINGO. El anteproyecto de Ley de Partidos Políticos entregado ayer por el Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en el Congreso Nacional establece que será ilícito cualquier tipo de financiamiento directo o indirecto del Estado, de sus dependencias, organismos autónomos o descentralizados, de los ayuntamientos y de empresas públicas nacionales o de capital extranjero o mixto.
Así lo consigna el párrafo I del artículo 50 de la iniciativa legislativa recibida por el Bloque de Diputados del PLD, de manos de una comisión de la cúpula peledeísta encabezada por el ex vicepresidente Rafael Alburquerque y el secretario general del PLD, Reinaldo Pared Pérez.
El citado artículo establece que sin prejuicio de lo que establece la legislación electoral vigente, los ingresos de los partidos y agrupaciones políticas se limitarán al financiamiento público y a los otros ingresos previstos por esa propuesta legal.
“Se prohíbe a los partidos y agrupaciones políticas y a sus dirigentes, militantes o relacionados recibir, para costear su actividad política partidaria donaciones o regalos de parte de cualesquiera de los poderes del Estado o de los Ayuntamientos, directamente o bajo cualquier mecanismo jurídico, así como beneficiarse directa o indirectamente de los recursos y medios que pertenezcan al Estado”, señala el párrafo II del artículo 50.
Entre otras cosas, considera contribuciones ilícitas todas donaciones o aportes que reciban de cualquier persona moral de derecho público, contribuciones de gobiernos o instituciones extranjeras, a excepción de los aportes de carácter académico, debidamente documentadas y aprobadas por la máxima autoridad.
Además, el anteproyecto establece sanciones a los partidos y agrupaciones políticas que violen esa Ley, en caso de ser aprobada, que van desde multas de 50 a 100 salarios mínimos vigentes, de seis meses hasta un año de prisión correccional, pérdida del financiamiento público por seis meses o inhabilitación de un candidato.
Las primarias se realizarían en las fechas previstas por cada partido dentro de la precampaña, que iniciaría un año antes de las elecciones y finalizaría siete meses antes de ese certamen.
La JCE fiscalizará esos procesos, y cada partido decidirá si solicita al órgano electoral que se encargue de su organización. En ese caso, la JCE usará parte de los fondos estatales que reciben los partidos para costear ese proceso interno.
El padrón que usarán en las primarias será determinado por los partidos.
