La Ley 311-14 sobre Declaración Jurada de Patrimonio aprobada en 2014 todavía tiene asuntos pendientes por fortalecer para que funcione como un mecanismo de rendición de cuentas efectivo, capaz de detectar enriquecimiento ilícito.Así lo da a entender el senador por Monte Plata, Charlie Mariotti, quien impulsó este proyecto durante ocho años para su promulgación y salir así de una regulación del 1979.
El legislador explica a elCaribe que en el borrador existían aspectos mucho más duros relacionados con la rendición de cuentas en materia impositiva, que aparentemente fueron eliminados. “…Y me llegó ya de la Cámara con unas modificaciones y nosotros con tal de que saliera (se aprobara) digamos que aceptamos. Al final lo importante era tener una ley. Después, en su momento introducir las modificaciones de lugar. Y creo que es una tarea pendiente”, señala Mariotti.
La Cámara de Cuentas, órgano responsable de la aplicación de esta ley, no tiene facultad directa para castigar a funcionarios que no presenten su declaración de bienes, en el plazo de 30 días después de su asignación o cese en el cargo. En su artículo 14, dice que el servidor público “incurrirá en faltas graves o de tercer grado, según sea el caso, previstas en la Ley 41-08, de Función Pública”, cuando no presente el documento de declaración, o un bien específico. A manera disciplinaria, el Poder Ejecutivo puede retener el sueldo de funcionarios de su competencia, hasta tanto den a conocer su patrimonio. En caso de falseamiento de datos, sí hay prisión de uno a dos años y multas de 20 a 40 salarios mínimos.
En su artículo 19, la ley reza que el funcionario público que esté obligado a hacer una declaración (unos 5,161 ) y no lo haga en el plazo establecido, el Ministerio Público “dará inicio a una investigación por presunción de enriquecimiento ilícito”, cuyo castigo va de cuatro a 10 años de prisión, multa equivalente al duplo del monto de incremento y no ocupar funciones públicas durante 10 años.
Una declaración de patrimonio podría servir de prueba al Ministerio Público en un proceso judicial. La Oficina de Evaluación y Fiscalización del Patrimonio de la Cámara de Cuentas es responsable no solo de recibir el documento, sino de comprobar su veracidad. Pero al sol de hoy no ha salido algún caso, que marchase por una irregularidad detectada en este papel.
El senador Mariotti reconoce que “aunque tiene sus falencias” la ley si es aplicada rigurosidad debe cumplir con su objetivo, el proveer las herramientas a los organismos de control e investigación de la corrupción administrativa.
Oficina de Patrimonio ha de detectar irregularidad
El reglamento 311-14 creó Oficina de Evaluación y Fiscalización del Patrimonio. “Se supone que ese es el organismo (la Oficina) donde todo llega, donde se hacen las comparaciones con declaratorias anteriores… ante una sospecha o denuncia o indicio de crecimiento ilícito, entonces se supone que esa unidad básicamente técnica debe operar”, explica el legislador, quien sugiere indagar cómo funciona esa dependencia de la Cámara de Cuentas.
