SANTO DOMINGO. Legisladores y dirigentes políticos de distintos partidos consideraron factores como el cierre de empresas y la falta de empleo, los principales escollos que han producido el éxodo de las poblaciones de unas siete provincias, y que ha provocado que la Junta Central Electoral haya reducido el número de diputados en esas demarcaciones para el proceso electoral del 2020.
Para el diputado del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) por San Cristóbal, Manuel Orlando Espinosa, el cierre de centros de trabajo como el Ingenio Río Haina, las zonas francas, la fábrica de vidrios y la armería que fundó el tirano Rafael Leónidas Trujillo obligaron a muchos de sus habitantes a buscar otras fuentes de empleos.
Mientras que el diputado del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) por La Vega, Fausto Ruiz, lamentó que se aplique esa reducción, y dijo el deber de la JCE es aplicar las leyes, aunque perjudique a diversos sectores de la sociedad dominicana.
“Lógicamente va a afectar tener un representante menos en el Congreso Nacional, lo cual repercutirá negativamente en tener menos representación y menos poder a la hora de solicitar o exigir las demandas para satisfacer las necesidades de la provincia La Vega”, expresó Ruiz.
De su lado, el senador del PLD por la provincia Espaillat, José Rafael Vargas, entiende que antes de aplicar esa norma se debió hacer un censo “creíble” que establezca la cifra exacta que tiene cada circunscripción.
“El problema es que en el país hay que hacer un censo creíble, que brinde credibilidad y que sea aprobado por la población y un conjunto de instituciones cívicas”, declaró Vargas.
Recordó las irregularidades registradas en el último censo sobre población y familia realizado en el país durante el 2010.
Mientras que el diputado peledeísta de la provincia Duarte, Lupe Núñez, manifestó la necesidad de que los partidos políticos se ajustan a las leyes.
“Tenemos que ajustarnos a las reglas al margen de los deseos particulares o partidarios”, puntualizó Núñez.
En tanto que la diputada reformista por San Pedro de Macorís, Juana Vicente, señaló que el cierre de los ingenios y las fábricas de textiles empujó a los habitantes de la provincia hacia puntos turísticos como Higüey.
Orlando Jorge Mera, del Partido Revolucionario Moderno (PRM), dijo que esperan recibir el proyecto de resolución para discutirlo al interno de la organización, y poder estar en condiciones de fijar su posición.
La JCE emitió una resolución el pasado martes en que fija en 55,479 habitantes el cociente poblacional para la distribución de los cargos congresuales, es decir, “serán tantos diputados por demarcación como las veces que el cociente se encuentre contenido en la población de cada una”.
El senador de la provincia Espaillat por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), José Rafael Vargas, considera que “el problema es que en el país hay que hacer un censo creíble, que brinde credibilidad y que sea aprobado por la población y un conjunto de instituciones cívicas”.
El diputado de La Vega por el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), Fausto Ruiz, opina: “Lógicamente va a afectar tener un representante menos en el Congreso Nacional, lo cual repercutirá negativamente en tener menos representación y menos poder a la hora de solicitar o exigir las demandas”.
El presidente en funciones del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Orlando Jorge Mera, explicó que están a la espera de “recibir el proyecto de resolución para discutirlo a lo interno del partido y estar en condiciones de fijar nuestra posición. Por supuesto, entendemos que la indicada resolución es para cumplir con la Constitución de 2015”.
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