La directora de la Oficina de Defensa Pública, Laura Hernández, negó este lunes las acusaciones de coalición de funcionarios y malversación de fondos lanzadas en su contra y de otras cuatro funcionarias de la institución.
En rueda de prensa, la funcionaria indicó que hasta el momento no ha recibido notificación de la querella depositada en su contra el pasado jueves por el presidente del Colegio de Abogados (Card), Miguel Surun Hernández, ante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción (Pepca).
El presidente del Card le atribuye coalición de funcionarios para mantenerse en el cargo de manera ilegal, puesto que el periodo para el que fue designada se cumplió el pasado marzo, así como el supuesto manejo irregular de más de 3,000 millones de pesos.
Hernández respondió a estas acusaciones afirmando que responden a una “intención malsana” hacia su persona y señaló que permanece en el cargo, para el que fue reelegida por el Consejo Nacional de Defensa Pública en 2012 por periodo de seis años, porque aún no se ha designado a su sustituto.
“La reelección fue decidida mediante Resolución 1/2012, firmada y aprobada a unanimidad por todos los miembros del Consejo Nacional de la Defensa Pública presentes en esa reunión, incluido el presidente del Colegio de Abogados quien ocupa un cargo dentro del Consejo”, dijo.
Además de a la directora de la Defensoría Pública, la denuncia interpuesta ante la Pepca implica a las funcionarias Ángela Ramírez Cepeda, Esmeralda Rodríguez Peguero, Lissy Méndez y Virginia Ramírez.
