Por Balbueno Medina.
A pesar del encarnizado y descomunal debate que ha abierto en la sociedad dominicana, la sentencia 0168-13 del Tribunal Constitucional (TC), le ha dado la oportunidad a la Republica Dominicana de organizarse, institucionalizarse y tomar un rumbo diferente al que llevaba antes de la misma, en materia migratoria.
Por más de cinco décadas, nuestro país había adolecido de una política migratoria coherente y definida, dirigida a regularizar y a organizar el status de los extranjeros que entran y salen del territorio nacional, sin que se conozca el número de ellos ni mucho menos a que se dedican, una vez se encuentran aquí.
Pese a que en el año 2004 fue aprobada la ley general de migración 285-04, no fue hasta hace poco que el Ministerio de Interior y Policía y la Dirección General de Migración aprobaron su reglamento de aplicación y producto de las contradicciones y los intereses que envuelven a muchos sectores, tampoco se ha podido aplicar.
Sin embargo, la sentencia del Tribunal Constitucional, ha venido a poner al país en un debate que nos obligará a resolver la problemática que en materia Migratoria hemos ido posponiendo por temor a afectar los intereses de sectores económicos, sociales y políticos que inciden en la nación.
Hay quienes han planteado diferentes alternativas como fórmulas para resolver el impasse que se ha presentado con miles de descendientes de haitianos nacidos en territorio dominicano en aras de buscarle un acomodo a la decisión tomada por el TC, pero también hay quienes se oponen a esos planteamientos, porque les conviene mantener el debate y de esa forma justificar su existencia.
La situación ha sido más compleja de lo que imaginan los afectados y los dominicanos comunes y corrientes, quienes observan desde los balcones los debates que se producen en los medios de comunicación y en las redes sociales entre quienes defienden los intereses de un lado y del otro, ya que al final y al cabo lo que se persigue es ganar una batalla en la cual prevalezca las razones de un sector sobre el contrario.
Ante esta disyuntiva lo primero que debemos procurar es aprovechar la oportunidad que la sentencia del TC, nos ha dado de organizar la casa y establecer las reglas del juego claras para que a partir de ahora, todo extranjero que pise suelo dominicano lo haga en base al cumplimiento de nuestras leyes y a la constitución.
Todos los países del mundo tienen sus reglamentaciones para acoger a cualquier visitante de todas partes del mundo y la Republica Dominicana no puede ser la excepción, porque de lo contrario seguiremos siendo un paraíso que dará posada a los cientos de delincuentes que han utilizado nuestro territorio para esconderse de la persecución judicial de sus naciones de origen, como ha ocurrido en distintos puntos de nuestra geografía nacional.
Debemos ver la sentencia del Tribunal Constitucional como una oportunidad para corregir todo lo malo que hemos venido haciendo durante estos últimos 50 años de vida Republicana y a partir de ella trazarnos unas metas, unos códigos y unas políticas de Estado que nos permitan ganarnos el respeto e igualarnos a los países que antes que nosotros lo han hecho con responsabilidad y coraje como forma de preservar su independencia.
Como lo humano no es perfecto y por lo tanto esa sentencia también podría tener visos de imperfección y como se ha dicho que con ella se han vulnerado los derechos adquiridos de descendientes de haitianos nacidos en el país, vendría bien corregir cualquier anormalidad cometida sobre ese particular, opero jamás convendría otorgar una amnistía general a todos los hijos de ilegales o de personas que han estado de tránsito en la Republica Dominicana, porque de esa manera el espíritu de la misma se perdería por completo y volveríamos a cero.
Mientras tanto aguardamos porque el gobierno y el empresariado por fin logren ponerse de acuerdo sobre la aplicación del reglamento de Migración que fue aprobado por las partes para que al fin y al cabo comencemos por organizarnos como país.
