Siguen apareciendo las demandas de investigación a la gestión de Gonzalo Castillo en el Ministerio de Obras Públicas, después de que la periodista Alicia Ortega dio a conocer la “asignación irregular” de unos 38 contratos de asfaltos de carreteras por RD$11,500.
Uno de los que se pronunció fue el candidato presidencial del opositor Partido Revolucionario Moderno (PRM), Luis Abinader, quien señaló que un procurador independiente debería de investigar el caso, pero eso es lo que menos se tiene en el país.
En ese mismo tono se pronunció el candidato presidencial Leonel Fernández, expresidente del PLD y ahora líder del partido Fuerza del Pueblo, quien consideró que hablar de que esa cantidad de obras se entregaron “de grado a grado es algo grave”.
También hubo pronunciamientos en la Cámara de Diputados de parte de los legisladores de la oposición que demandaron que se abra una investigación del caso ante la Procuraduría General de la República (PGR). La voz más firme fue la de la diputada opositora Faride Raful, que pidió se investigue la gestión de Castillo.
Mientras que el legislador Henry Merán, anterior miembro del oficialista Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y quien ahora es de La Fuerza de Pueblo, indicó que no descartan la posibilidad de abrir un proceso de interpelación en la Cámara Baja contra Castillo.
De igual forma, el movimiento cívico Fuerza Patria, a través de su coordinador general, el jurista Leonardo Jáquez, pidió al procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, investigar las denuncias de presuntos actos de corrupción por Castillo.
El movimiento exigió al procurador cumplir con sus responsabilidades constitucionales de investigar toda denuncia ciudadana o periodística en la que se cuestione el manejo dudoso de los fondos públicos.
Además, Somos Pueblo depositó ante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), una querella en contra de Gonzalo Castillo, por presuntos actos de prevaricación, sobornos en el comercio, inversión y lavado de activos provenientes del tráfico ilícito de drogas.
Somos Pueblo alegó que Castillo, candidato presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), entre el 16 de agosto de 2012 al 12 de septiembre 2019, “fue el principal líder de una macro estructura de corrupción que funcionó desde ese ministerio, y un entramado societario de su propiedad, que operó en su oficina personal, en la calle José López, esquina Amelia Francasci, edificio Gampsa, en el sector Los Prados”.
Sobre todo, el propio Gonzalo Castillo pidió a la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (Digeig) que le investigue con respecto a la denuncia realizada por Alicia Ortega.
“La presente solicitud es realizada con la plena conciencia de la responsabilidad y el compromiso con que asumimos y ejercimos la función de ministro de Obras Públicas y Comunicaciones en el período agosto 2012 julio 2019, en virtud de los cuales todas nuestras actuaciones estuvieron apegadas a las normas y procedimientos legales vigentes en nuestro país, entre ellos, de manera específica, los relativos a las compras y contrataciones públicas”, añadió Castillo en el documento.
