SANTO DOMINGO. La lucha contra la corrupción ha creado remolinos de vientos, cuyo epicentro gira alrededor del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).
Los vientos agitados por el procurador General de la República, Francisco Domínguez Brito, y la fiscal del Distrito Nacional, Yeni Berenice Reynoso, han generado ráfagas que pican cerca del líder y presidente del PLD, Leonel Fernández.
La primera en “remenear” la mata fue la fiscal Reynoso, quien, tras dilucidar un sometimiento en contra del ex mandatario, emitió una decisión crítica contra las acciones atribuidas que terminó archivando el caso.
El expediente continuó “dando vuelta” con un archivo objetado, hasta que fue ratificado en grado de apelación y en la Suprema Corte de Justicia. Pero el tema, revoloteado hasta finales del 2013, no se ha quedado ahí.
Las figuras más cercanas al ex gobernante siguen siendo bailoteadas con persecuciones por alegados actos de corrupción por el Ministerio Público. El ex ministro de Obras Públicas y secretario de Finanzas del PLD, Víctor Díaz Rúa, fue objeto de inmovilización de sus cuentas bancarias, lo cual originó la intervención de varios tribunales que anularon la investigación, tras coincidir que se trata de una medida de coerción que viola el debido proceso y la tutela judicial efectiva.
La última resolución, la No.244-PS-2014, fue emitida el 19 de noviembre por la Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, formulando varios reparos a las actuaciones del Ministerio Público.
El senador y secretario de Organización del PLD, Félix Bautista, tiene cuatro procesos abiertos por Domínguez Brito, que al igual que el legislador es miembro del Comité Central de la organización gubernamental. El Procurador tiene en marcha una acusación sobre presunta corrupción y lavado de activos en contra del ex director de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado. También ha solicitado medidas precautorias en contra de bienes inmuebles y cuentas bancarias. Antes de esta petición, formuló notas de advertencias por ante los registros de Títulos de Santiago y el Distrito Nacional, con miras a bloquear 112 bienes inmuebles.
Sin embargo, a contrapelo de la aspiración del Procurador, la Segunda Sala de la SCJ ratificó dos archivos dispuestos por la Dirección Nacional de Persecución de la Corrupción Administrativa de sendas investigaciones sobre alegados actos de corrupción.
Caja de Pandora
El proceso seguido en el Vaticano al ex nuncio, Józef Wesolowski, ha desatado una Caja de Pandora. El caso destapó el dato de que mantenía en su poder más de 100,000 imágenes pornográficas, entre las que descargó a través de Internet y las que tomó obligando a sus víctimas a posar.
Ministerio Público logra encerrar a Winston Rizik
La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos logró encerrar en la cárcel, con prisión preventiva al presunto capo Winston Rizik Rodríguez, al que señala como el supuesto jefe de un importante cartel del país. Al mismo le fueron incautadas propiedades.
Ministerio Público vs. Policía
El papel del Ministerio Público y el de la Policía Nacional se han tornado antagónicos con respecto al manejo de las investigaciones. La Procuraduría ha llegado a plantear el establecimiento de una transición, a los fines de preparar y llevar a cabo una nueva política de investigación en el país.
Inusual “asalto” a cárcel para generar fuga
Cinco hombres están en prisión preventiva por el hecho ocurrido en Najayo
Cual si fuera una película de ficción, la realidad golpeó en las narices a las autoridades.
Dos agentes penitenciarios y cuatro reclusos resultaron muertos durante un presunto intento de asalto a la cárcel de Najayo, con el propósito de facilitar la fuga de peligrosos reos.
El hecho, ocurrido el 24 de octubre, antecedió a un episodio ocurrido en la cárcel de La Victoria, donde un reo ultimó a otro con un arma de fuego que alegadamente había comprado y logrado introducir en el penal.
Los detalles del intento de asalto en Najayo relatan el involucramiento de un discapacitado que supuestamente logró burlar la vigilancia carcelaria, para introducir armas de fuego y drogas camuflados en una prótesis.
Pero también enfocan la supuesta interconexión de un recluso de la cárcel de La Victoria, que alegadamente conocía 15 días antes los aprestos que terminaron con una tarde sangrienta en el penal, que transita el camino hacia la transformación del nuevo modelo de gestión penitenciaria. La especie de rompecabezas involucra a unas 22 personas, entre ellas una supuesta impostora que alquiló una yipeta en un dealer, en la cual se pretendía el traslado de los reclusos que serían fugados.
La Procuraduría atribuyó la acción a un comando armado del crimen organizado, con chalecos antibalas y fusiles automáticos, que disparó desde fuera, en diferentes ángulos.
