Los llamados “narcosobrinos” de la todopoderosa pareja presidencial venezolana han sido condenados este jueves a 18 años de cárcel, una dura sentencia emitida por la Corte del Distrito Sur de Nueva York. 18 años de prisión para
Efraín Campo Flores y Franqui Flores de Freitas
, sobrinos de Cilia Flores (mujer del presidente Nicolás Maduro), que ya fueron condenados el año pasado por conspiración para traficar 800 kilos de cocaína a Estados Unidos.
La DEA detuvo al dúo Flores en noviembre de 2015 en la capital haitiana de Puerto Príncipe, cuando según la sentencia del año pasado mantenían negociaciones para enviar el primer cargamento de cocaína a unos supuestos narcos mexicanos, que realmente eran agentes encubiertos estadounidenses.
La sentencia inicial dejó claro que la droga procedía de la guerrilla colombiana de las FARC, convertida hoy en partido político tras los acuerdos de paz de La Habana. Venezuela participó desde el primer día en las negociaciones de unos acuerdos que acabaron con 50 años de lucha armada en el país vecino.
Un año de espera para que al final se conozca la contundente sentencia contra los narcosobrinos, un caso que ha sobrevolado el gobierno de Nicolás Maduro. Pese al silencio que ha mantenido el Palacio de Miraflores durante este tiempo, más allá de las habituales acusaciones contra el Imperio por “conspiración”, la vinculación familiar, sobre todo de
Efraín Campo Flores, va más allá de un simple sobrino
“Es un caso de secuestro y de venganza… Tenemos elementos, tenemos las fotos de los funcionarios de la DEA que incurrieron en delito aquí en Venezuela”, argumentó Cilia Flores a principios de 2016, precisamente cuando ya había tomado posesión de su acta de diputada. En algunas de sus declaraciones ante el juzgado, los sobrinos de la primera dama explicaron que parte del dinero de la operación se destinaría para su campaña electoral. “¿Ustedes creen que son casualidad, que el imperialismo haya creado una causa que tiene como único objetivo atacar a la primera combatiente, a la esposa del presidente?”,
se cuestionó el propio Maduro hace un año.
El joven Efraín Campos, de 31 años, fue criado por la primera combatiente revolucionaria y se convirtió en ahijado de Nicolás Maduro. El primer mandatario solo tiene un hijo, Nicolás Maduro Guerra, actualmente ejerciendo como uno de los delegados de la Asamblea Nacional Constituyente. El otro condenado, Franqui Flores de Freitas, es hijo de uno de los hermanos de la polémica familia de Cilia Flores, acusada de nepotismo mientras presidió la Asamblea Nacional y la Procuraduría General de la República. Efraín Campo trabajó durante tres años en el Parlamento Latinoamericano, pese a su absoluta inexperiencia política.
“Dos jóvenes estúpidos y novatos”, según sus abogados defensores, que quisieron hacerse millonarios, ajenos al narcotráfico y que cayeron en la trampa tejida por la DEA.
El veredicto final, según adelantaban medios neoyorkinos, no tendría la clemencia que buscaba la familia de Efraín cuando enviaron una serie de cartas al juez pidiendo una segunda oportunidad. Una segunda oportunidad que en 2015 no tuvo un hombre vinculado con los dos jóvenes venezolanos. Según la Fiscalía de Nueva York, los dos primos se mandaron mensajes por whatsapp con la imagen de la cabeza de un hombre, que habría sido asesinado y desmembrado durante una de las operaciones de narcotráfico.
Luisa Ortega
, la fiscal rebelde destituida ilegalmente por la Asamblea Constituyente de Maduro, también ha investigado el caso, sobre todo contra los funcionarios gubernamentales que protegieron a los dos sobrinos de la pareja presidencial. Desde su exilio en Bogotá, la antigua jefa del Ministerio Público ha repetido que el presidente debería haber dimitido ante lo “bochornoso” del caso.
Uno de los detalles más controvertidos del proceso que ya dura dos años es la identidad del financiador de la defensa. Se trata del empresario Wilmer Ruperti, millonario gracias a sus negocios con el chavismo. Sin duda uno de los símbolos de llamada boliburguesía, que durante 19 años han rebosado sus arcas gracias a su cercanía con el poder revolucionario.
“Esto perturba la tranquilidad de la familia presidencial. Uno necesita que el presidente esté calmado. Estoy ayudando a preservar el Gobierno constitucional de Venezuela”, aseguró el empresario a The Wall Street Journal. Ruperti es uno de los contratistas privilegiados cercanos a Petróleos de Venezuela (PDVSA), la estatal petrolera aplastada hoy por la corrupción y por la pésima gestión de sus directivos.
