INFORME DE LA VICEPRESIDENCIA REGIONAL DE LA COMISION DE LIBERTAD DE PRENSA DE LA SOCIEDAD INTERAMERICANA DE PRENSA PARA LA REPUBLICA DOMINICANA (PERIODO OCTUBRE 2013 A ABRIL 2014)
Desde nuestra última Asamblea General en Denver, Colorado, en octubre del 2013, no se han registrado situaciones en la República Dominicana lesivas a la libertad de prensa.
Los medios de comunicación siguen a la espera del pronunciamiento del Tribunal Constitucional sobre una demanda de nulidad de varios artículos del Código Penal y de la Ley 6132, que regula el ejercicio de la prensa, con la finalidad de desmontar todos aquellos elementos penalizantes contra los medios y los periodistas que todavía rigen en la legislación dominicana.
En el lapso de tiempo que cubre este informe, se han producido casos de agresiones y amenazas contra reporteros de televisión y medios impresos, como el de los camarógrafos Expedy Rodríguez y César Valenzuela, de la provincia Valverde, quienes fueron agredidos físicamente en noviembre del 2013 por agentes de seguridad del ministerio de Hacienda al impedirles que cubrieran un operativo de cierre de casinos de juegos.
A finales del pasado año se conocieron demandas judiciales interpuestas por legisladores oficialistas contra periodistas integrantes del staff de comentaristas y ejecutivos del popular programa radial “El Gobierno de la Mañana”, de la emisora Z-101, señores Juan Taveras Hernández, Willy Rodriguez y Bienvenido Rodriguez, y del portal digital Ciudadoriental.org, el editor Robert Vargas y el reportero Julio Benzan, por el senador Félix Bautista y el diputado Alfredo Martínez, respectivamente, alegando difamación e injuria.
Los comentaristas televisivos Juan Bolívar Diaz y Luis Eduardo Lora fueron víctimas de una campaña mediática que los acusaba de ser “traidores a la patria”, por la postura que han asumido en contra de una controversial sentencia del Tribunal Constitucional sobre los requisitos que tienen que cumplir los extranjeros indocumentados para recibir sus permisos oficiales de residencia o el certificado legal de ciudadanía dominicana.
Las acusaciones fueron vertidas por la denominada Red Nacional por la Defensa de la Soberanía y la Fundación Soberanía, en instancias formales presentadas ante la Fiscalía General, pero no han tenido curso judicial hasta el momento.
Miguel Franjul
Vicepresidente Regional para la República Dominicana
