SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La Procuraduría General de la República y la Acción Empresarial por la Educación (Educa) capacitarán a 5 mil adolescentes y adultos privados de libertad, mediante un programa para emprendedores y de desarrollo de habilidades gerenciales.
A través de un convenio firmado por el Procurador, Francisco Domínguez Brito, y Elena Viyella de Paliza, presidenta de Educa, se comprometen además a identificar cuáles son las oportunidades de empleos que permitan promover la integración de los jóvenes al mercado laboral en igualdad de condiciones.
Brito dijo que el acuerdo persigue preparar, entrenar y crear las condiciones que contribuyan con la reeducación de los jóvenes en estado de vulnerabilidad.
“Para nosotros es de mucha satisfacción la firma de este acuerdo que dará grandes frutos porque en él también serán tomados en cuenta las personas que han sido repatriadas, con el fin de poder orientarlas y lograr que descubran su potencial”, expresó.
Dijo que el propósito es que esos jóvenes puedan recuperar la esperanza y la fe en sí mismos y en el futuro de su país, y que puedan echar hacia adelante ellos y sus familias.
Viyella de Paliza explicó que el acuerdo se enmarca dentro de la alianza Neo-RD, (Nuevos Empleos y Oportunidades) con el cual pretenden fortalecer las políticas de reinserción juvenil que lleva a cabo el sector público con el apoyo del sector privado.
La capacitación se desarrollará a través del proyecto “Quisqueya Cree en Ti, NEO-RD”, que coordina Educa, con cursos cortos impartidos por un personal graduado en los Centros Operativos del Sistema instruidos por el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP).
La Procuraduría escogerá a los internos recluidos en los centros de Atención Integral para Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal y de los de Corrección y Rehabilitación del Modelo Penitenciario.
Participarán los internos que pertenecen al programa Medio Libre, una modalidad del nuevo sistema de gestión penitenciaria que se caracteriza por ser semi-abierto.
Ello les da la facilidad de que los que han cumplido la mitad de la pena y agotado el período de tratamiento pueden salir del recinto a estudiar, trabajar y a otras actividades de integración familiar, con una vigilancia que determina el Juez de Ejecución de la Pena.
El acuerdo también permite desarrollar actividades de intermediación de empleos, orientación laboral y vocacional, así como de reflexión y sensibilización interinstitucional que contribuya a la efectividad de los procesos educativos y a la inserción al mercado de trabajo.
