SANTO DOMINGO. Luego de haber solicitado y obtenido medidas de coerción por el escándalo por el pago de sobornos hecho por la empresa Odebrecht, la Procuraduría General de la República se centra en los otros casos de corrupción administrativa.
Al cierre de esta edición, en la noche de este martes, aún continuaba el interrogatorio al exdirector de la Corporación Dominicana de Empresas Estatales (CORDE), Leoncio Almánzar, en torno a la venta irregular de los terrenos ubicados el sector de Los Tres Brazos, en Santo Domingo Este, como determinó la comisión designada por el Poder Ejecutivo en su informe.
El contrato de venta de los terrenos por un monto de RD$80 millones fue disuelta por disposición del presidente Danilo Medina y remitido el expediente a la Procuraduría, a fin de determinar si existe responsabilidad penal en el caso.
De acuerdo con las conclusiones de la comisión, el Estado no debe reconocer las ventas de estos terrenos, que eran revendidos a los residentes en Los Tres Brazos por la empresa Titulatec, “por ser contrarias a la Constitución y la ley”, razón por la que debe demandar de “manera inmediata” la venta de las parcelas 153-A-1, 153-A-2 y 155 del Distrito Catastral número 15 del Distrito Nacional.
A raíz de estos informes fueron disueltas tanto CORDE como la Comisión de Reforma de la Empresa Pública (CREP).
La comisión que hizo las sugerencias la encabezó el consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, Flavio Darío Espinal, y fue integrada por José Dantés Díaz, director ejecutivo de la Comisión Permanente de Titulación de Terrenos del Estado; y Lidio Cadet, director general de Ética e Integridad Gubernamental.
Se recuerda que el procurador general, Jean Alain Rodríguez, encargó también una comisión del Ministerio Público, creada en el mes de diciembre, para elaborar sendos informes sobre la situación legal específica y el historial detallado de los terrenos que ocupan el vertedero de Duquesa y el sector de Los Tres Brazos, ubicados en los municipios Santo Domingo Norte y Santo Domingo Este, respectivamente.
Esa comisión la integró el abogado del Estado, Gedeón Platón Bautista Liriano; Juan Amado Cedano, y Laura Guerrero Pelletier.
