SANTO DOMINGO. Beatriz Báez se refugió junto a su padre tras el paso del huracán David en 1979 en el albergue de Canta La Rana, en el municipio dominicano de Los Alcarrizos, y hoy, 38 años después, sigue malviviendo en la misma chabola de paredes de madera y techo de zinc con varios de sus hijos y nietos.
En Canta La Rana, un conjunto de precarias casas alineadas en varias calles sin asfaltar que se enlodan cada vez que llueve, viven 70 familias, la mayoría lleva aquí toda su vida, pese a que el albergue se ideó para alojar temporalmente a los damnificados de David, que causó la muerte de un millar de personas.
Sin perder la sonrisa, Beatriz, de 53 años, recuerda que les trajeron para seis meses y “mire por dónde van esos seis meses: aquí me casé, tuve 7 hijos y ya tengo 14 nietos”.
En estos años, son varias las veces que han recibido la visita de políticos durante las campañas electorales con promesas de darles una vivienda.
“Aquí han repartido casas 5 veces y a mí, me dicen: usted se queda para la próxima vuelta, y nunca me han podido sacar”, se lamenta.
Poco a poco, Beatriz ha arreglado su casa en la que entra mucha agua cuando llueve porque el tejado está agujereado, no obstante está contenta porque aunque sufre muchos apagones de luz cuenta con agua, un lujo que no todos tienen.
Es el caso de Irene de los Santos, de 56 años, que acumula al frente de su chabola, con suelo de tierra, varios cubos de agua mientras su nieta cocina arroz con huevo en una suerte de cocina de carbón.
Esta misma situación se repite en otros albergues, en el que se alojan en pésimas condiciones desde hace años unas 8.000 personas damnificadas por desastres naturales, como el huracán Georges en 1998, o las tormentas Olga y Noel, en 2007, según explicó a Efe el director de Oxfam en República Dominicana, Raúl del Río.
Pese a la vulnerabilidad de este país caribeño expuesto a las amenazas de los ciclones, el Estado no ha dado una respuesta adecuada al problema de la precariedad de la vivienda que afecta al 71 % de la población, añadió.
Por ello, Oxfam junto a Casa Ya, han lanzado hace unos meses la campaña “Cambiemos las prioridades”, en las que se insta al Estado a que destine un 1 % del PIB, durante 10 años seguidos, para solucionar el problema del déficit habitacional.
El 71 % de la población carece de vivienda digna, es decir, una vivienda construida con materiales adecuados, fuera de zona de riesgo, con acceso a agua, energía, servicio sanitario y que es habitada por una sola familia, según esta campaña.
“El Estado dominicano no desarrolla todas las políticas públicas necesarias para el que el país sea para todos un paraíso”, que es la imagen idílica que se tiene en el exterior de República Dominicana, según Raúl del Río.
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En general, el gasto social es del 8 % del PIB, cuando el promedio regional es del 14 %, y el crecimiento económico de los últimos años no se ha traducido en una reducción significativa de la pobreza, que está en torno al 30 %, resaltó.
Para el portavoz de Casa Ya, Ángel Serafín Cuello, la política de vivienda del gobierno no es integral, ya que se ha limitado a dos vertientes.
Una, focalizada en la Nueva Barquita, un proyecto de unas 1.700 viviendas sociales en las que se ha reubicado a familias que vivían en una zona vulnerable, y la segunda, en la política de fidecomiso que no está “orientada a que los sectores empobrecidos puedan acceder”, explicó a Efe.
En todo el país, hay unas 848.000 viviendas ubicadas cerca de ríos y cañadas, en las que las familias viven con incertidumbre la amenaza de inundaciones cada temporada de huracanes, como la actual con el paso de Irma y María, que obligó al desplazamiento de sus hogares a casi unas 50.000 personas y dejó miles de viviendas afectadas.
En Villa Heloisa, en el sector de Las Cañitas, a orillas del río Ozama, viven desde los años 70 unas 1.600 personas, que construyeron aquí sus viviendas “no por voluntad propia, sino por necesidad”, según David de los Santos, presidente de la Junta de Vecinos.
